Susana enseña la boleta de auxilio que un juez le otorgó tras denunciar a su expareja. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Un mes después del femicidio perpetrado en plena vía de Pisulí, en Quito, los familiares de Amelia recuerdan que la boleta de auxilio no sirvió cuando apareció el victimario.
Testigos cuentan que al ver a su pareja en la calle, la mujer le dijo que tenía en su poder el documento y que debía irse.Pero él terminó apuñalándola frente a todos los vecinos.
Luego de esta tragedia, el Centro para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) analizó la efectividad del documento y advierte que no arroja resultados.
En el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia se advierte algo similar. “Por eso pedimos a la comunidad, a los vecinos, que alerten con anticipación cuando ven que el agresor se acerca a la víctima”, asegura Lourdes Vallejo, directora del Sistema.
El Código Integral Penal (artículo 558) establece 12 alternativas para proteger a las afectadas. Entre esas medidas está prohibir que el agresor se les acerque, obligar a que dejen el hogar, impedir que acuda a reuniones donde puedan estar las posibles víctimas.
La fiscal Consuelo Tapia asegura que estas medidas tampoco son 100% efectivas.
Paola también tenía una boleta y fue atacada mortalmente en agosto del 2017. Su conviviente la apuñaló 15 veces. Los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer en el bosque de Buga, en Ayora, una parroquia de Cayambe, provincia de Pichincha.
Un Tribunal sentenció al agresor a 26 años de cárcel, pero los familiares de la mujer apelaron la sentencia. La idea es que se aumente la pena a 34 años y 8 meses, pues los familiares dicen que “hubo agravantes como haber tirado el cuerpo en la vía pública”.
La audiencia de apelación está prevista para el próximo 2 de abril, en la Corte Provincial de Pichincha.
Un año y medio después de lo ocurrido, su hermano, Juan Carlos Moromenacho, recuerda que Paola tenía boleta desde el 2015. “Pero no sirvió de nada, igual la mató”. Pese a contar con este documento, meses antes del femicidio, el agresor incluso fue a la casa de su pareja y la agredió verbalmente.
A diario, las oficinas fiscales del país reciben 79 denuncias por violencia física y psicológica contra mujeres o algún miembro de la familia.
En el 2016, cuando se concretó la compra de 4 000 grilletes electrónicos, las autoridades de entonces dijeron que 400 aparatos se entregarán a las víctimas de violencia de género y que esa medida ayudaría a reducir su nivel.
Pero dos años después, la Contraloría General del Estado determinó que el 97% de los equipos destinados para ese sector no se utilizó.
Una mujer recuerda que en mayo del 2018 sacó una boleta de auxilio y ocho días después su exconviviente botó la puerta de la casa, entró a la cocina e intentó ahorcarla.
Susana sintió miedo y le pidió que se alejara y le enseñó la boleta, pero el hombre le dijo “eso es solo un papel; no significa nada para mí”.
Ahora recuerda que la agarró del cabello, tomó un cuchillo e intentó lastimarla. “Solo vi que el puñal estaba cerca de mi pecho y entré en pánico”.
Logró empujarlo y pidió que se fuera. Actualmente, él está libre y ella sigue un tratamiento psicológico en una fundación.
La fiscal Tapia considera que una alternativa para evitar la agresión es dar atención psicológica tanto al agresor como a la víctima.
En la norma penal también se establece como medida de protección ordenar tratamiento para los procesados, la víctima y para sus hijos menores de 18 años. Según Tapia, esta medida tampoco da resultado, principalmente porque el agresor no acata esta orden.
La Secretaría de Derechos Humanos indicó a este Diario que hace un mes se conformó la Subsecretaría para Prevención y Erradicación de la Violencia. Según la institución, se ha propuesto un plan denominado “Respuesta Inmediata”.
Esta iniciativa consiste en que a través del ECU-911 se identifiquen las zonas donde se produce la mayor cantidad de hechos violentos.
Las autoridades dicen que la idea es “hacer un trabajo de cooperación con otras instituciones que tengan psicólogos o trabajadores sociales” para visitar a las víctimas en sus casas y hacer un seguimiento de la situación en que viven.
Laura es otra víctima. Ella decidió denunciar a su exconviviente por violencia psicológica. Un juez le otorgó una boleta de auxilio para que su expareja no se acercara.
Sin embargo, en diciembre de ese año el hombre acudió a un bar donde estaba ella. Le lanzó un vaso de cristal con licor y la golpeó en la cara. Las personas que estaban en el lugar llamaron a la Policía y lo detuvieron por incumplir una medida ordenada por un juez.
Susana, en cambio, pide a las autoridades dar mayor seguridad a las mujeres afectadas, pues asegura que una “boleta de auxilio no es garantía de que ellos no se acerquen”.
El hermano de Paola también coincide en que otorgar un papel a una afectada por violencia intrafamiliar “no brinda una protección real”.
Por ejemplo, los vecinos de Amelia indicaron a este Diario que ocho días antes del ataque y pese a que tenía una boleta de auxilio, el presunto agresor intentó ingresar a la fuerza a la casa de la mujer y que solía preguntar frecuentemente a su hijo dónde estaba ella.
