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Las extorsiones perpetradas por las mafias alcanzan al comercio, el transporte, la educación y a la población en general, en Ecuador. Entre 2022 y 2024, las denuncias por este delito se triplicaron en el país, en medio del “conflicto armado interno“, contra los grupos de delincuencia organizada (GDO).
A escala nacional, las denuncias de extorsiones se triplicaron en los últimos años.
Pasaron de 6 651 en 2022 a 20 293 en 2024, según cifras detalladas en un proyecto de ley contra las economías criminales, vinculadas al ‘conflicto armado interno’.
Este proyecto fue enviado por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente a la Asamblea, donde ya pasó el primer debate.
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Y aunque, según ese mismo documento, los casos han disminuido en 2025, el comandante de la Policía, Pablo Dávila, alertó de las millonarias ganancias que este delito deja a las bandas en ciudades como Guayaquil.
Solo en el barrio Socio Vivienda, en el noroeste de la ciudad, “cada familia paga dos dólares diarios a Los Tiguerones“.
Eso, sumado a las extorsiones al transporte y a negocios, “representa dos millones de dólares anuales para esta estructura criminal“, dijo Dávila.
En los diez años en los que Sofía y su esposo residen en Samanes, un barrio del norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, nunca habían tenido miedo de quedarse en casa.
Esto, hasta que, hace unos días, unos explosivos destruyeran dos viviendas vecinas y en la calle encontraran panfletos con la amenaza de una supuesta banda criminal.
El texto contenía la advertencia de pagar el dinero que exigen, si no quieren correr la misma suerte.
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«Estamos llenos de miedo, nos hemos unido entre vecinos para tomar medidas», dijo a EFE la pareja, que lamentó que las extorsiones hayan llegado hasta esa zona sin ningún freno.
Este delito ya ha acorralado a empresas, escuelas, comercios y hasta al transporte público, a los que bandas criminales exigen “cuotas” que, a veces, sobrepasan los 10 000 dólares.
El aumento “exponencial” de las “vacunas”, como se conoce popularmente a las extorsiones en Ecuador, ha llevado a los dueños de autobuses urbanos a eliminar el servicio en algunos sectores de Guayaquil y a pagar “para poder trabajar”.
“Si hoy piden 30 000 dólares y yo accedo, en una semana o dos piden 20 000 o 10 000 más, y si no se paga al día siguiente hay bala en el carro o secuestran a los chóferes“, relató a EFE el dueño de una cooperativa de transporte, quien pidió la reserva por miedo a represalias.
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Según el directivo, al menos 14 cooperativas de transporte, de las más de 50 que hay en la ciudad, están “vacunadas”.
Son obligadas a pagar a varias organizaciones, quienes aseguran tener el control de las zonas por las que circulan.
A inicios de mayo, una mujer que se subía a uno de estos buses fue asesinada en un ataque perpetrado por presuntos extorsionadores.
“Salimos a trabajar, pero no sabemos si regresaremos”, lamentó el transportista, quien agregó que el nivel de violencia aumentó en los últimos siete meses.
“Hay conductores que se han ido del país por amenazas. Es lamentable lo que sucede y no podemos hacer nada”, agregó.
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Esa sensación de miedo e impotencia también la sienten los maestros, según dijo a EFE Gabriela Menéndez, quien lidera la Unión Nacional de Educadores (UNE) en la provincia del Guayas.
La dirigente señaló que los estudiantes de al menos cinco instituciones educativas en Guayaquil y Durán reciben clases virtuales por las extorsiones.
El ausentismo estudiantil debido a la inseguridad bordea el 20 % en la provincia.
A algunos profesores les piden hasta 500 dólares mensuales, precisó.
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“Tenemos miedo de que, si no tenemos para pagar la vacuna, nos vayan a matar. Nos sentimos abandonados”, señaló Menéndez.
Añadió que algunos compañeros han pedido el cambio de colegio o han renunciado.
Las extorsiones también tienen en zozobra al comercio en Guayaquil.
La semana pasada, varios negocios amanecieron destruidos por la detonación de explosivos.
Semanas atrás pasó lo mismo en la Bahía, una zona céntrica con 4 300 comerciantes que es amenazada por grupos criminales que piden miles de dólares a cambio de no atacarlos más.
«Han pasado de amenazas y secuestros a bombas», señaló Franklin Coloma, abogado de los comerciantes.
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Coloma aseguró que la Policía intensificó los operativos, pero que no es suficiente.
La noche de este martes, al menos cinco locales más quedaron destruidos tras la detonación de nuevos explosivos.
Los comerciantes piden militarización y una estrategia de seguridad entre Municipio y Gobierno.
“Sin seguridad, no hay reactivación económica“, agregó el abogado.
Los transportistas y maestros también piden apoyo de las autoridades para evitar que estas amenazas pongan en mayor riesgo sus vidas, la de sus familias, alumnos o pasajeros con los que interactúan cada día.
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