31 de diciembre de 2019 11:39

Expulsión de diplomáticos españoles de Bolivia es una medida 'inamistosa', dice la Unión Europea

El Gobierno interino de Bolivia declaró personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, junto a un grupo de funcionarios, a los que se dio 72 horas para

El Gobierno interino de Bolivia declaró personas no gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, junto a un grupo de funcionarios, a los que se dio 72 horas para dejar el país. Foto: EFE

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Agencia AFP

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La decisión del gobierno interino de Bolivia de expulsar a diplomáticos españoles es “una medida extrema e inamistosa”, afirmó este martes 31 de diciembre del 2019 la delegación de la Unión Europea (UE) en La Paz.

“La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”, afirmó la UE en un comunicado enviado a la AFP.

El gobierno boliviano dijo que deben salir del país hasta el jueves 2 de enero del 2020 la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, su cónsul Álvaro Fernández, y el personal de seguridad “encapuchado y armado” que llegó el viernes 27 de diciembre a la embajada de México en La Paz.

La UE acotó “su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática que se ha saldado con la declaración de persona non grata (...) medida que rechaza”.

La embajadora de México, María Teresa Mercado, también expulsada, salió este martes 31 de diciembre de Bolivia, mientras que España aún no informó cuándo saldrán sus diplomáticos del país andino.

Según la administración de Áñez, la visita de los españoles formaba parte de un plan para evacuar de manera subrepticia al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho del expresidente Evo Morales desde su llegada al poder en 2006.

Quintana y otros excolaboradores están asilados en la legación mexicana desde que Morales renunciara el 10 de noviembre pasado, tras una revuelta social por las elecciones generales del 20 de octubre, ganadas por el exmandatario pero declaradas como fraudulentas por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los asilados son investigados y denunciados por la fiscalía boliviana por los delitos de “sedición y terrorismo”.

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