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El exasambleísta Pedro Fabricio V. J. y la médica Carolina Marianela M. M. enfrentan un proceso penal por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso, relacionado con la obtención irregular de un carné de discapacidad. Un juez de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido del fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, y dictó medidas cautelares en contra de ambos implicados, dentro de una instrucción fiscal que se extenderá por 90 días.
De acuerdo con la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados se remontan al 13 de noviembre de 2019. En esa fecha, el Ministerio de Salud Pública emitió el carné de discapacidad con el aval de Carolina Marianela M. M., quien ejercía como médica calificadora en el Centro de Salud Alfredo Baquerizo Moreno, ubicado en el cantón Juján, provincia de Guayas.
La investigación fiscal señala que la profesional calificó al entonces legislador —quien ocupó una curul en el periodo 2017–2021 según la credencial del Consejo Nacional Electoral— con un 51 % de discapacidad física auditiva, sin cumplir los parámetros técnicos y legales requeridos para certificar esa condición.
Según lo expuesto en la audiencia por el fiscal general subrogante, tras obtener el carné de discapacidad, el exlegislador lo empleó para importar un vehículo. Con este trámite, el exparlamentario accedió a una exoneración de tributos al comercio exterior que, conforme a la hipótesis de la Fiscalía, no le correspondía legalmente.
Durante la diligencia se detallaron varios elementos de convicción reunidos en el expediente para sustentar el procesamiento por el carné de discapacidad:
El magistrado de la Corte Nacional de Justicia acogió el requerimiento de la Fiscalía —al no haber oposición de las defensas técnicas— y ordenó contra Pedro Fabricio V. J. y Carolina Marianela M. M. las siguientes medidas cautelares:
La causa se tramita bajo el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el delito de falsificación y uso de documento falso, y contará con un plazo de 90 días para el desarrollo de la etapa de instrucción fiscal.