Diego Correa, abogado de María de Los Ángeles Duarte, en una diligencia fiscal Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Servicio de Rentas Internas (SRI) investiga a las empresas que aparecen en el caso Sobornos 2012-2016. La entidad verifica si las compañías mencionadas en los archivos de la procesada Laura Terán cumplieron con sus obligaciones tributarias o evadieron impuestos.
Se trata de dos grupos de empresas, que están bajo control. Unas son las que entregaron aportes a Alianza País (AP). Otras, en cambio, formaron parte del sistema de cruce de facturas para dar servicios a AP, pero facturaron a las compañías aportantes, que en su mayoría eran constructoras.
La directora del SRI, Marisol Andrade, dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que se detectó una posible evasión de USD 41 millones.
Esto sería producto del incumplimiento en el pago del impuesto a la renta y la creación de empresas de papel o firmas fantasmas.
En total, el SRI investiga a 154 contribuyentes, entre personas naturales y compañías dedicadas a la construcción, comunicación audiovisual, estudios de mercado, ferreterías, inmobiliarias, organización de eventos y más. En junio pasado, el SRI ya entregó a la Asamblea un primer informe reservado, en el que detectaba a 22 contribuyentes directamente relacionados con estos desvíos tributarios.
Según el SRI, está previsto que la investigación concluya en diciembre. Además, en el ámbito penal, la Fiscalía solicitó información sobre la facturación de 63 firmas vinculadas con el caso, desde el 2012 al 2016.
En el ámbito judicial, el caso también avanza. Ayer la Fiscalía llamó a rendir versión a ocho personas.
De estas solo Edgar Román Salas, gerente de la empresa Consermin, y Juan Carlos Córdova Montaño, exfuncionario de Senagua, entregaron sus declaraciones. La diligencia se realizó de forma reservada, en la Fiscalía General, en Quito.
Por otro lado, la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó que se notifiquen a las embajadas de Corea del Norte, Estados Unidos y China con la posible vinculación de Mateo Choi, de SK Engineering, William Phillps, del grupo Azul, y Cai Runguo, representante de Sinohydro, respectivamente.
Los tres extranjeros forman parte de una lista de 22 sospechosos, para los que la Fiscalía solicitó su vinculación al expediente.
Encabezando la lista se encuentran Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Este último cumple una condena por el caso Odebrecht.
Hasta el momento, la Fiscalía investiga las fuentes de financiamiento que tuvo AP, para diversas campañas políticas. Cuatro altos exfuncionarios de Rafael Correa son procesados. Estos son Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Terán.
Para esta semana está previsto que el departamento de Criminalística de la Policía Nacional presente un informe sobre los documentos encontrados en la computadora de Martínez.
