5 de octubre de 2018 13:29

Hasta dos años más podría tardar la ejecución de sentencias por tortura y violación contra cuatro maestros

Los maestros acusados de violación y tortura a menores de edad ya fueron sentenciados en Guayaquil. Foto: Archivo EL COMERCIO

Los maestros acusados de violación y tortura a menores de edad ya fueron sentenciados en Guayaquil. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Elena Paucar

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La audiencia terminó a las 00:00 de este viernes 5 de octubre de 2018 y fue un alivio para los padres de los cuatro niños. Hasta esa hora permanecieron en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, donde pasaron jornadas de hasta 12 horas seguidas en esta semana.

Los cuatro maestros acusados de torturar y violar a sus hijos recibieron sentencias acusatorias de dos Tribunales de Garantías Penales. Dos de ellos recibieron 17 años de cárcel por intimidar y golpear a los escolares en los baños de la escuela pública donde estudiaban.

Otros dos recibieron una pena de 29 años y 4 meses de privación de libertad por el delito de violación. En sus testimonios los pequeños revelaron que fueron víctimas y testigos de lo que describe el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como “introducción del miembro viril por vía oral”.

Los fallos se dieron dos días antes de que se cumpla un año de la denuncia. Las investigaciones comenzaron el 7 de octubre de 2017.

“Han sido cuatro días de audiencias intensivas. Tanto los padres como los abogados estamos desgastados por permanecer casi todo el día en la Unidad Judicial. Apelar será una decisión que se tomará con más tranquilidad”, dijo Stives Reyes, defensor de los menores.

Sin embargo, los docentes tienen varios mecanismos legales de apelación: pueden apelar ante la Corte Provincial, optar por la casación e incluso un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Reyes calcula que todo este proceso puede tomar entre uno y dos años.

“Pero los tribunales han sido muy precisos en señalar que hubo tortura y violación, porque las pruebas presentadas por la Fiscalía y nosotros, como acusación particular, demostraron que los niños fueron torturados. Los intimidaron para luego cometer aberraciones sexuales”, dice el abogado de los escolares.

Los tribunales también determinaron multas y reparación integral a las víctimas. En el caso de tortura se impuso una indemnización de USD 10 000, por persona, y una multa de 60 salarios básicos. En el de violación la reparación se fijó en USD 200 000.

“Una vez que hay una sentencia en firme, aunque aún no está ejecutoriada, se está preparando la demanda contra el Estado. Los padres confiaron a sus hijos a instituciones educativas fiscales pensando que los iban a educar y no que iba a ocurrir esto”, advirtió Reyes.

La Fiscalía también sigue un proceso contra varias autoridades del establecimiento educativo y de la dirección distrital de educación, quienes fueron separados de sus cargos. El presunto delito es fraude procesal, que incluye supuestas omisiones y negligencia. Este continúa en etapa de indagación previa.

“Hubo irregularidades. En los dos tribunales quedó por sentado que, cuando los padres fueron a comunicar la denuncia a las autoridades de la institución educativa, ellos no hicieron nada. Más bien los encerraron en un cuarto para que no presenten la denuncia”, dijo Reyes.

Para la subsecretaria de Educación de la zona 8, Éricka Laínez, estas sentencias representan un avance contra los delitos de violencia sexual que afectan a menores en el país. “Todos los casos los estamos personalizando, estamos dando el acompañamiento psicológico y jurídico en todas las instancias”, dijo. La funcionaria compareció el miércoles ante los tribunales.

Las investigaciones por este caso aún no terminan. El abogado Reyes explica que el testimonio del agente investigador en la audiencia por violación reveló indicios de un presunto delito de pornografía infantil. “Cuando detuvieron al primer docente -el 7 de octubre de 2017 en el plantel- encontraron en su celular la foto de un adolescente desnudo”.

El equipo permanece bajo custodia de la Policía. Durante las indagaciones no pudo ser analizado porque se bloqueó.

El abogado de los niños indicó que tanto los informes como las valoraciones psicológicas solicitaron que se investigue este delito. “Las sicólogas de la Fiscalía relata que los niños indicaron que también les tomaban fotos”.

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