Más de USD 6,5 millones recibirá Ecuador de parte de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Foto Twitter Cancillería
Estados Unidos asignó USD 7 millones a Ecuador para proyectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Los recursos irán a instituciones del sistema de justicia y seguridad.
La entrega de estos recursos se oficializó hoy, jueves 3 de septiembre del 2020, durante un encuentro entre el canciller, Luis Gallegos, y el Embajador del país norteamericano en Quito, Mike Fitzpatrick.
“La cooperación internacional se materializa como una alternativa de apoyo estratégico para los objetivos nacionales de lucha contra esos flagelos mundiales”, manifestó Gallegos, tras destacar el estado de las relaciones entre los dos países.
Un comunicado de la Embajada precisó que estos fondos servirán “para implementar programas de asistencia técnica, capacitaciones, donaciones de equipos y renovaciones de infraestructura para instituciones del sistema de justicia y de seguridad como la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Comando de Guardacostas y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE)”.
“Vamos a continuar con nuestra cooperación para fortalecer las capacidades del sistema de justicia ecuatoriano. También fomentamos la implementación de buenas prácticas que doten a los policías, fiscales, jueces, funcionarios del Comando de Guardacostas, entre otros, de herramientas que permitan combatir efectivamente a las redes de crímenes y mafias internacionales”, añadió Fitzpatrick.
El diplomático también dijo que “motiva” a la Asamblea Nacional para que apruebe la Ley de Extinción de Dominio, pues mencionó que esta herramienta ha dado resultados en países de la región para recuperar los bienes producto de la corrupción.
De acuerdo con la Embajada este financiamiento se suma a los casi USD 10.5 millones ya aprobados por el Congreso estadounidense desde 2018 “y se canaliza a través de organizaciones internacionales y regionales, ONGs y contratistas, buscando mejorar las técnicas de investigación, enjuiciamiento y operativos policiales para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, y otros delitos”.