En Quito, uno de los locales asociados vende las prendas militares y policiales con el logo de la Accamp. Foto: Galo Paguay /EL COMERCIO
El hombre está sentado con una maleta al pie de una jardinera. A su lado tiene estuches para armas de fuego, linternas, pasamontañas, cinturones, guantes negros y parches para chalecos antibalas. Eso ocurre en los exteriores del Cuartel Modelo de la Policía, en la av. De las Américas, en el norte de Guayaquil.
Una escena similar se repite en los exteriores del cuartel policial de la Florida, en el noroeste de la urbe porteña. Los artículos se venden libremente.
Un parche para chaleco se puede adquirir en USD 2 y 5. Una linterna pequeña y un pasamontañas, en USD 5, cada uno. Los policías son asiduos compradores o también cualquier ciudadano interesado.
Mónica Chauca, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales (Accamp), dice que la venta de uniformes y accesorios no tiene normativa. No hay control a informales ni locales.
Señala que tienen diez años pidiendo al Ministerio del Interior que los certifique como locales autorizados. El gremio insiste que la normativa evitaría que se su use la vestimenta para actos delictivos.
Chauca tiene un local cerca de La Recoleta, en Quito. Lo heredó de sus padres y dice que incluso ofrece sus servicios de confección a la Policía.
Son 40 asociados a escala nacional. Los negocios cumplen las normas tributarias, permisos de funcionamiento municipal y de Bomberos. Además, tienen el compromiso de vender los uniformes exclusivamente a miembros policiales.
Este Diario solicitó información al Ministerio del Interior sobre los procesos para regular o certificar este tipo de establecimientos, pero hasta el cierre de la edición no llegó.
Atrás del Cuartel Modelo hay seis locales de venta de uniformes, pero solo dos de están asociados a la Accamp. Luis Jaigua es un suboficial primero en servicio pasivo y es propietario de uno de esos negocios. En el ingreso está un letrero que advierte que solo vende ropa con la presentación de la credencial policial. En su local oferta chompas en USD 38, linternas en USD 10.
Antes de vender los accesorios, hace preguntas relacionadas con la Policía para constatar que realmente el cliente pertenezca a la entidad.
Los comerciantes admiten que la falta de una certificación facilita que las bandas delictivas compren uniformes e insignias sin dificultad.
En el 2018, la Policía desarticuló nueve bandas que usaban vestimenta policial. Según los agentes, montaban operativos falsos para someter a las víctimas en carreteras o domicilios.
En el octubre pasado, un comerciante de Guayaquil pidió custodia policial para trasladar USD 25 000. Llegó un hombre vestido de policía, pero en el trayecto lo asaltó. Según la Policía, no se trataba de un agente y ofreció investigar su hubo fuga de información.
En febrero pasado, en el cantón Salitre (Guayas) supuestos policías ejecutaron un allanamiento en una piladora y se llevaron USD 15 000.
Carlos Alulema, jefe nacional de la Policía Judicial, señala que no le corresponde a la institución verificar la venta y confección de trajes. Solo investigan locales que aparezcan como sospechosos en casos de asociación ilícita.