La aprobación de la Ordenanza que establece el cobro de una tasa para los vehículos que son matriculados en Imbabura genera polémica.Según Diego García, prefecto de Imbabura, este dinero será utilizado para el mantenimiento de las vías de las parroquias rurales. “El monto es irrisorio comparado con el arreglo vial”, precisa García. Esperan recaudar USD 220 000 anuales.
La normativa entraría en vigencia en enero del 2011; la entidad encargada de recaudar el impuesto será la Jefatura de Tránsito y el monto se lo recargará al valor de la matrícula.
La medida establece que los propietarios de motos, tricimotos y cuadrones deberán cancelar USD 5; los dueños de vehículos de 0 a 3 toneladas USD 12 y quienes tengan automotores de más de tres toneladas USD 16.
Esta decisión ya tiene reparo ante los transportistas.
Gerardo Angamarca, propietario de un taxi de la cooperativa av. Pichincha nro. 5, considera que el cobro no es conveniente. “Es injusto que nos aumenten más impuestos. El anterior año pagué USD 280 por la matrícula”.
Los choferes de la cooperativa de transportes La Esperanza tampoco están de acuerdo. “Cobramos USD 0,25 por el viaje de 45 minutos y a veces vamos con 10 pasajeros”, dice Francisco Pijal.
Él maneja un bus interparroquial hace tres años y asegura que la vía que conduce hacia la parroquia rural de La Esperanza (Ibarra) está destruida. “El carro se cae en los baches, se daña la suspensión y se afloja la carrocería”.
El conductor también se queja por el incremento del valor de las llantas, aceites y repuestos.
Nelson Félix, alcalde de Urcuquí, defiende la medida. Su argumento: que los usuarios deben contribuir para mejorar el servicio. Dice que es necesario aportar con capital a los recursos otorgados por el Gobierno Provincial, para mejorar las vías de tercer y cuarto órdenes.
De acuerdo a la Constitución, la vialidad rural es una competencia de los gobiernos provinciales. “Aún no se ha definido cómo se van a entregar los recursos”, subraya Patricio Jaramillo, director de vialidad del Gobierno Provincial de Imbabura.
La provincia tiene 1 865 km de vías divididos en 383 tramos.
Las carreteras más descuidadas son las de los sectores rurales. Y esa es una razón para el retraso de estas comunidades dicen los residentes. “Solo para arreglar el tramo de la parroquia La Esperanza se necesitan USD 500 000”, refiere Anita Carrillo, presidenta de la Junta Parroquial. Ella cree que el dinero que espera recaudar la Prefectura no alcanzará. Propone que esos recursos sean administrados por las juntas.
En cambio, Santiago Garrido, presidente de las Juntas Parroquiales Rurales de Imbabura (Ajupri), dice que aún no conoce el contenido de la Ordenanza, pero no está de acuerdo en pagar la tasa. “Una alternativa sería que las juntas parroquiales y el Gobierno Provincial implementen una empresa de asfaltado”.