Luego de la oposición de organizaciones sociales e indígenas a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Archidona, en la provincia de Napo, cuatro ciudades de Ecuador solicitaron que el proyecto se lo traslade a sus territorios.
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El Gobierno de Daniel Noboa avanzaba con la obra, incluso, la adjudicación ya se había ejecutado; sin embargo, tuvo que dar marcha atrás debido a los intensos reclamos de los moradores de Archidona.
Gobierno desistió la obra en Archidona tras protestas
La noche del jueves 12 de diciembre de 2024, las protestas se intensificaron luego de 10 días. Alrededor de mil personas se tomaron la Gobernación de Napo de forma simbólica, tras realizar una Asamblea Popular Permanente en la que se decidió que no aceptarían la construcción de la nueva obra en la ciudad.
También se cerraron las calles de acceso a este sector, lo que llevó a un desabastecimiento temporal de víveres y combustible.
Cuatro días después, el lunes 16 de diciembre, el Ministerio de Gobierno anunció que el proyecto se suspendía en esta ciudad.
La entidad aclaró que, pese a la decisión, la actual cárcel que existe en Archidona, “que es de mínima seguridad y cuenta con una infraestructura deficiente, será repotenciada en la medida de sus capacidades”.
Cuatro ciudades solicitaron ser la sede de la nueva cárcel
En medio de las tensiones, los gobiernos de cuatro ciudades solicitaron que se los tome en cuenta como sedes de la cárcel.
Los alcaldes de Salinas, en Santa Elena; Muisne, en Esmeraldas; El Empalme, en Guayas y Sucre, en Manabí, formalizaron sus solicitudes al ministro de Gobierno, José de la Gasca.
De forma general, los GAD consideraron que la construcción de la prisión beneficiaría al fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional; y, que, asimismo, generaría un mayor impacto en el desarrollo socioeconómico de las localidades.
Cárcel de máxima seguridad se trasladará a Salinas
Si bien todos se comprometieron a gestionar los trámites administrativos y los permisos, el Gobierno se decidió por Salinas.
La invitación de esta ciudad fue aceptada por considerarla como la que mejor cumplía con los criterios técnicos, logísticos y de seguridad.
El Ministerio de Gobierno respaldó al Gobierno Descentralizado de la localidad costera por apoyar y colaborar en la “lucha contra la inseguridad y en el desarrollo de las comunidades”.
Además de esta nueva prisión, la Cartera de Estado construye otro centro de detención en la provincia de Santa Elena.
