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El Ministerio de Educación aclaró la mañana de este 24 de abril de 2026 cómo se aplican las normas sobre uso celular en aulas en el sistema educativo. La entidad sostuvo que la regulación se mantiene, pero el enfoque cambia: menos sanción automática y más gestión desde la convivencia escolar.
En este contexto, el debate se reabre con una pregunta fundamental: ¿el problema es el celular o lo que se hace con él?
El Ministerio precisó que los celulares no son útiles escolares obligatorios y que su uso se mantiene regulado por niveles.
En Inicial y Educación General Básica, los dispositivos no están permitidos ni recomendados. En Bachillerato, el uso es excepcional y solo se admite para actividades pedagógicas planificadas o en casos específicos como salud, discapacidad o emergencias, siempre con autorización y supervisión del docente.
Además, el uso del celular deja de tratarse como falta disciplinaria automática. Cada institución define sus reglas en el Código de Convivencia.
El acuerdo también fija límites al personal educativo: docentes y funcionarios no pueden grabar, fotografiar ni realizar transmisiones en vivo con estudiantes sin autorización de sus representantes legales.
Para Mariana Rivera, directora de la Escuela de Educación de la UIDE, el acuerdo tiene potencial si se aplica con criterio. El punto no es prohibir o permitir, sino definir para qué se usa la tecnología en el aula. “La tecnología no tiene sentido si no cumple un objetivo pedagógico”, explica.
Desde su enfoque, el celular solo debe entrar cuando responde a una planificación docente clara.
Rivera también destaca el giro en la normativa; el sistema deja la sanción automática y apuesta por acuerdos internos. Esto obliga a que los Códigos de Convivencia se construyan con participación y se ajusten a cada realidad educativa.
Desde la psicología, Emilio Carrillo, docente de la UIDE, coincide en que la clave está en la regulación. El control del tiempo, los contenidos y la supervisión influyen en el desarrollo de niños y adolescentes. Limitar el uso favorece la atención, la memoria y la organización mental.
También reduce conductas disruptivas y estrés en el aula, además de fortalecer la interacción social entre estudiantes. El enfoque no elimina el celular; lo ubica bajo control.
Ambos expertos coinciden en que el debate no debe caer en extremos. Rivera insiste en que el sistema debe definir el sentido del uso.
Carrillo añade que el manejo depende de la edad. En niños, las reglas pueden ser directas; en adolescentes, se requiere negociación y comprensión. Sin ese proceso, surgen conflictos de autoridad y problemas de comunicación.
La normativa recoge esa lógica: restringe el uso en niveles iniciales y básicos, y lo permite de forma excepcional en bachillerato, con supervisión docente.
El acuerdo también redefine la disciplina. Las normas pasan de sanciones a acuerdos dentro de cada comunidad educativa. Rivera señala que una buena convivencia escolar se relaciona con mejor rendimiento académico. Carrillo añade que la disciplina debe orientar, no castigar; el diálogo, la prevención y el ejemplo del adulto marcan el camino.
El cambio también plantea desafíos. Rivera advierte que no todos los planteles tienen la misma capacidad para aplicar estos modelos. Sin parámetros claros, pueden surgir diferencias entre instituciones.
Carrillo alerta sobre otro riesgo: concentrar decisiones en autoridades sin apoyo técnico puede derivar en errores. Una mala aplicación puede generar conflictos mayores, incluso deserción escolar o vulneración de derechos.
También insiste en los riesgos digitales: acoso, exposición de datos y uso indebido de imágenes, lo que exige supervisión constante y educación preventiva.
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