Las provincias de Guayas y Santa Elena concentran el 53,5% de los asentamientos humanos irregulares en Ecuador. La jurisdicción guayasense registra 168; la Península, en cambio, 73. En el país hay un total de 450, según la Secretaría Técnica de Prevención del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.
Esos espacios donde se construyen viviendas precarias, y principalmente en zonas de riesgo, son parte del enfoque del Proyecto de Ley Orgánica de Hábitat y Vivienda, que fue aprobada en segundo debate en la Comisión de Gobiernos Autónomas de la Asamblea Nacional. El Pleno deberá tratarlo al regreso de la vacancia.
El proyecto establece el régimen jurídico para la rectoría, planificación, regulación, control y producción de un hábitat seguro y saludable, y del derecho a la vivienda de interés social digna y adecuada, en todos sus segmentos. También encamina al Ministerio de Vivienda (Miduvi) a la regularización de la tenencia del suelo en asentamientos humanos de hecho para vivienda en el área urbana y rural. Entre ellos están sectores populares como Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.
Se elimina la figura municipal del “modelo de ocupación ilegal e informal del suelo” para dar paso a soluciones habitacionales con políticas permanentes de prevención de tráfico de tierras y el acceso a planes de vivienda de interés social.
Otro de los puntos principales es la creación de un Banco de Suelo para la vivienda popular. Ahí estarán asignados todos los predios, terrenos y propiedades estatales en desuso y/o subutilizadas, que cumplan con las condiciones de urbanización o sean potencialmente urbanizables. Así se busca mermar las invasiones.
El ministro del ramo, Darío Herrera, explicó que el Banco de Suelo es un instrumento de gestión creado desde la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (Lootugs).
Añadió que el reglamento de la ley también dispone que, además del banco a nivel nacional, los gobiernos seccionales de más de 50 000 habitantes están obligados a constituir un banco de suelo.
Ya se conformó la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Levantamiento de Catastro, con un presupuesto de USD 147 millones. Se espera que para agosto de 2023 se cuente con todo el catastro a nivel nacional, dijo Herrera. Para la regularización de títulos de propiedad hay un presupuesto estimado de USD 96 millones para los 4 años de este Gobierno.
“Este Ministerio se ha planteado como meta en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, la regularización de 129 800 predios a nivel nacional en 4 años, (que representa 519 000 beneficiarios), de los cuales el 97% está ubicado en áreas rurales; en donde el Ministerio tiene la competencia para adjudicar predios únicamente ocupados o destinados para vivienda”, añade.
En Monte Sinaí hay expectativa. La dirigente Rosa Chango explicó que muchos de sus vecinos aún esperan la regularización de sus predios. “Esperamos que llegue el agua potable y el arreglo de casas, aún vivimos en precariedad y las invasiones no han frenado”.
De acuerdo con el Miduvi, con corte a noviembre, se ha entregado el 68,8% de títulos en la zona que le compete, lo que significa 7 138 títulos de los 10 379 que constan en la base de datos. De los que faltan, se tiene programado legalizar un remanente de 1 725 lotes (16,6%) hasta el 31 de marzo próximo.
Mientras, en la parte Municipal, se entregó la totalidad de títulos: 3 261. Carlos Salmón, director de Terrenos del Cabildo porteño, cree que la ocupación ilegal del suelo debe prevenirse a través del control y sanción, la generación de programas habitacionales populares y la simplificación de trámites para la aprobación de planes de vivienda popular y lotes.
“Esas estrategias han sido y son implementadas por esta Municipalidad. Y, de hecho, este tipo de articulación ya se realiza a través de los órganos competentes que han permitido combatir a traficantes de tierras y asistir al Gobierno en desalojos en zonas en las que no se puede vivir, porque representan un riesgo para los propios ciudadanos”, advirtió.