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Militares, con dos tareas en las protestas

Un militar herido es ayudado por sus compañeros tras enfrentamientos con manifestantes en el sector del puente del Guambra, en Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La misión es clara. Cerrar todos los posibles pasos que llevan al Palacio de Carondelet. Más de 2 000 militares, equipados con fusiles y armas de dotación, se concentran desde el lunes 20 de junio en los alrededores de la Plaza Grande, en Quito. Los uniformados tienen trazado todo un plan en caso de que las movilizaciones intenten traspasar los piquetes de seguridad.

Inteligencia militar ya coordina con la Policía para identificar los sitios más vulnerables. Un oficial, que ayer habló con este Diario, reveló que la situación se evalúa cada hora. De hecho, los uniformados saben que mientras dure el estado de excepción, ellos deben estar al frente de la defensa del presidente Guillermo Lasso y de los sectores estratégicos como pozos petroleros. Más de 609 han sido apagados por seguridad.  

En el decreto 459, el Ejecutivo pidió el apoyo de los militares. “Es necesario contar con el apoyo del personal militar, pues de lo contrario, la capacidad numérica del personal policial resultaría insuficiente, no solamente para controlar la violencia, sino incluso para garantizar la integridad de los propios manifestantes”, dijo la fuente. 

Esto ocurre porque, de acuerdo con cálculos no oficiales, a Quito han llegado unas 18 000 personas por las movilizaciones. La cifra supera con amplitud a los 5 323 policías empleados para el control de las protestas.  

Además, hasta el Ministerio de Defensa llegaron las alertas de un posible intento de derrocamiento en contra del presidente Guillermo Lasso. El mismo Jefe de Estado ha dicho que quieren botarlo. Por eso, el ministro Luis Lara señaló que “las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia”.  

Pero, ¿qué herramientas deben emplear los militares para defender al Presidente? 

En el estado de excepción se señala que la actuación de los militares es complementaria a las operaciones de la Policía y que esta institución es la única responsable del mantenimiento del orden público.  

Sin embargo, en el artículo 10 del decreto 459, se indica que el uso progresivo de la fuerza “dependerá del peligro o amenaza al que se encuentren expuestos los servidores, las personas o sus bienes”.  

Incluso se señala que “la fuerza deberá usarse (…) ante amenaza inminente de muerte o lesiones graves de terceras personas o del servidor” policial o militar. 

Para el general (sp) Paco Moncayo, esto no significa que los militares puedan utilizar armas letales contra manifestantes. Pero aclara  que todo puede modificarse dependiendo de la emergencia. Por eso, para él es vital que la Secretaría de Inteligencia tenga información comprobada sobre las amenazas que pueden existir.  

Especialmente, luego del anuncio del Ministro de Defensa sobre la intervención del narcotráfico y el crimen organizado en las protestas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, también ha señalado que detrás de los hechos de violencia están comités de la Revolución Ciudadana y Movimientos Guevaristas.  

“Si tienen pruebas de estas aseveraciones deberían entregarlas a la Fiscalía y que los jueces investiguen”, dice Moncayo. 

Por eso, las Fuerzas Armadas han señalado que trabajan para reforzar la Inteligencia y que no buscan atacar a la gente. De hecho, los controles de seguridad que están desplegados en los extremos de Quito han tenido orden de no frenar el avance de manifestantes a la capital, pero sí de proteger las entidades públicas como la Asamblea, Contraloría, Fiscalía, entre otras.  

Además, en el país se han enviado contingentes especiales a custodiar sectores estratégicos como las antenas de comunicación, los puertos marítimos, las fuentes de agua y el oleoducto.

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Posted by El Comercio on Wednesday, June 22, 2022