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Un grupo de militares se dirige a Napo, donde se desarrolla una manifestación, y hace tres días se tomaron la Gobernación.
En la provincia, las comunidades rechazan la construcción de la cárcel en Archidona. Después de 13 días de manifestaciones, no hay un acuerdo con el Gobierno de Daniel Noboa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana informó en sus redes sociales que cinco camiones con militares atravesaron la comunidad Costa Azul por la fuerza.
Ante este hecho, pidieron a Daniel Noboa evitar la represión contra el pueblo y atender las demandas de las comunidades. Según su resolución regional, declararon: “No queremos la cárcel de máxima seguridad en la Amazonía“.
🔴 #URGENTE | 5 camiones de militares se dirigen a Tena, pasaron a la fuerza por la comunidad Costa Azul. Hacemos un llamado a nuestras comunidades de base a estar alertas en los puntos de resistencia. La Confeniae no permitirá que se violen nuestros derechos constitucionales. pic.twitter.com/dzuB8pt8tV
— CONFENIAE (@confeniae1) December 15, 2024
El jueves 12 de diciembre, cerca de 3 000 personas, entre moradores, sindicalistas y dirigentes indígenas, participaron en la Asamblea Popular Permanente, según reportó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Tras la falta de acuerdos, la Conaie indicó que las movilizaciones aumentarán con carácter regional, cumpliendo con lo establecido en la resolución de la Asamblea.
Esa advertencia se concretó cuando, por la noche, los manifestantes ingresaron al edificio de la Gobernación de la provincia.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes enfrentarse con la Policía. Los uniformados colocaron barricadas para delimitar el lugar, pero estas fueron derribadas.
Los voceros de las movilizaciones anunciaron la reactivación del cierre de vías principales, incluyendo el acceso al puente del río Misahuallí.
El Gobierno impulsa la construcción de una segunda cárcel de máxima seguridad, con características similares a la de Santa Elena, que registra un avance superior al 30 % y una inversión de 52 millones de dólares.
El 10 de diciembre, el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) adjudicó el proyecto en Archidona, a pesar de los reclamos. La obra tiene un presupuesto de 51,97 millones de dólares.
Como en el caso de Santa Elena, este proceso se declaró reservado y lo adjudicaron a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la estatal China Road and Bridge Corporation, única invitada al proceso.
Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad, confirmó que el Gobierno mantiene el proyecto en su ubicación actual tras dialogar con autoridades locales.
Las preocupaciones sociales, culturales y ambientales relacionadas con el proyecto, debido a su cercanía con la zona urbana, fundamentaron la solicitud.
La resolución expresó respaldo al pueblo de Archidona, con énfasis en niños, adolescentes y comunidades indígenas afectadas.
Además, exhortaron al presidente Daniel Noboa y al SNAI a suspender la obra de inmediato y respetar los derechos constitucionales e internacionales. También pidieron evitar futuras construcciones de cárceles en Napo y la Amazonía. La moción recibió 95 votos afirmativos.