¡Entérate primero con El Comercio! Nuevo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.
Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La excandidata a la presidencia, Luisa González, recibió una segunda notificación de la Fiscalía General del Estado, por una investigación previa por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. El documento fue emitido el martes 8 de septiembre de 2026.
La también expresidente de Revolución Ciudadana reaccionó a esta segunda notificación sobre una investigación previa de la Fiscalía por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.
González indicó que este llamado no la tomó por sorpresa. “El acoso y la persecución no para pero tampoco mi anhelo de un país mejor”, dijo.
“Darnos por vencidos no es opción. Hoy retoma sentido mi frase de 2023. Ecuador vencerá y ahora más que nunca Manabí vencerá”, expresó en sus redes.
La Fiscalía también dispuso incorporar al expediente informes presentados por agentes de la Policía Judicial.
El delito de omisión está tipificado en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y está dirigido a servidores públicos. El infringir este artículo puede conllevar a una sanción de 15 a 30 días de privación de libertad.
El artículo indica:
“La persona que, en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.
Fiscalía deberá establecer cuál es el hecho por el que se le acusa a González, cuándo habría tenido conocimiento de este, qué función pública ejercía en ese momento y si existía el deber jurídico de denunciarlo.
El pasado 17 de agosto le llegó una notificación de la Unidad Nacional Delito Contra la Eficiencia en la Administración, de la Fiscalía General del Estado, por el inicio de una investigación por presunto delito de Concusión.
González rechazó esta acusación y señaló que la Fiscalía solo entraba entrando al juego. “Seguiré junto a mi pueblo, rendirnos no es opción porque nuestra Patria lo vale. ¡Ellos tienen el miedo, nosotros la esperanza!”, dijo en sus redes sociales.
González también está vinculada al proceso denominado Caja Chica, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. El caso indaga el supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela que habría sido destinado a financiar la campaña presidencial del correísmo durante las elecciones anticipadas de 2023.
Como parte de la investigación, el pasado 28 de enero de 2026, la Fiscalía allanó tres inmuebles en Pichincha y Guayas, entre ellos la vivienda de González.
La Fiscalía abrió una investigación previa contra Luisa González por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.
El artículo 277 del COIP establece este delito para servidores públicos que conozcan un hecho que podría constituir una infracción penal y no lo comuniquen inmediatamente a las autoridades. La sanción prevista es de 15 a 30 días de privación de libertad. Fiscalía deberá determinar qué hecho habría conocido González, cuándo tuvo conocimiento y si tenía la obligación legal de denunciarlo.
González recibió la segunda notificación el martes 8 de septiembre de 2026.
Se trata de una investigación previa por presunta omisión de denuncia. La Fiscalía también dispuso incorporar al expediente informes elaborados por agentes de la Policía Judicial.
González también es investigada por un presunto delito de concusión y está vinculada al caso Caja Chica.
El 17 de agosto de 2026 recibió una notificación sobre el inicio de una investigación por presunta concusión. Además, en el caso Caja Chica se investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionado con el supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023.
Es un delito que puede configurarse cuando un servidor público conoce un hecho que podría constituir una infracción penal y no lo comunica inmediatamente a la autoridad.
Esta conducta está contemplada en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de 15 a 30 días de privación de libertad. En el caso de González, la Fiscalía deberá establecer si tenía un deber jurídico de denunciar el hecho que ahora es materia de investigación.
Caja Chica es una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, en la que González está vinculada.
El caso indaga el supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela que habría sido destinado a financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023. El 28 de enero de 2026, la Fiscalía allanó tres inmuebles en Pichincha y Guayas, incluida la vivienda de González.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibe noticias al instante, directo en tu celular.