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En Ecuador, la tasa de homicidios corresponde a 43 por cada 100 000 habitantes. Esta ha ido en aumento en la última década. Aunque las últimas cifras del gobierno de Daniel Noboa hablan de una reducción de casos, es una problemática viva.
La inseguridad se germina en hogares violentos, en la falta de acceso a servicios, derechos y limitaciones en el acceso a la educación.
En el país, Unicef da cuenta de que 2 de cada 3 niños sufren violencia en su hogar como una forma de disciplina. 1 de cada 2 menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente.
Fernando Bustamante, exministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa de Ecuador y catedrático universitario, refiere que la pobreza y la delincuencia no necesariamente tienen una correlación. No así, la desigualdad social. Los países con más brechas en este sentido son los que registran mayor inseguridad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a junio 2024, la pobreza a escala nacional se ubicó en un 25,5 % y la pobreza extrema, en un 10,6 %.
En el área urbana, la pobreza llegó al 17,2 % y la extrema, a un 4,4 %. Finalmente, en el área rural este indicador alcanzó un 43,2 % y el de extrema, el 24,1 %.
Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, recuerda que la pandemia de covid-19 exacerbó la crisis económica y la desigualdad social, creando un caldo de cultivo para la delincuencia.
La muerte del líder de Los Choneros, en 2020, además, desencadenó una guerra de sucesión que fragmentó los grupos criminales y expandió aún más la violencia.
La violencia intrafamiliar también está en esa línea. En Ecuador, por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de agresión de género. A su vez, la fragmentación y la agresividad en los hogares, ha hecho de los niños y adolescentes un blanco fácil.
Katherine Herrera, consultora política en seguridad pública y autora del estudio Doble criminalización en cantones de “alta peligrosidad” en Ecuador: un análisis in situ, refiere que ese entorno y la falta de sentido de pertenencia son la catapulta para el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
En el estudio, Herrera recogió testimonios de líderes comunitarios. Las personas aseguraron que con maltrato, sin escuelas, sin servicios básicos, alcantarillado, los menores ven en los GDO una opción. En estos encuentran esa pertenencia, pero anclada al delito y al riesgo.
Wilson Goyes suma otro factor: la discriminación y marginalización basada en factores como la etnia,
género, orientación sexual o la clase social. Esto puede crear resentimiento y exclusión.
Se suma, dice, la normalización de la violencia en la sociedad, en medios y redes sociales. Además, está la glorificación de la violencia en la cultura popular, que puede aumentar la probabilidad de que las personas recurran a esta para resolver conflictos.
Los niños y adolescentes reclutados reciben entrenamiento en manejo de armas y tácticas. El lema es la lealtad a la organización. Pero, ¿a qué costo?
Las cifras de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) definen que cerca de 248 menores de hasta 19 años fueron asesinados en 2023. En el 2022, la cifra ascendió a 289 y en el 2020, 98. Guayaquil y Durán sumaron la mayoría de los casos.
En el estudio de campo de Herrera se recopiló que algunos menores son amenazados para que ingresen a las GDO. Una vez dentro, son nuevamente amenazados para que no deserten.
Si bien, hay quienes lo hacen por necesidad, no falta quienes son obligados a cambio de que no agredan a sus familiares.
La minería ilegal es otro espacio de violencia para los menores. Herrera apunta que esta actividad genera grandes activos al crimen organizado. Niños y adolescentes son explotados en esta práctica.
La experta en seguridad deja claro que, cuando las organizaciones delincuenciales identifican sectores con carencias de educación, servicios, programas sociales, llegan a convertirse en un actor ilegítimo que provee.
En sectores como Durán, Esmeraldas, Carchi, la Amazonía, entre otros, donde no existe empleo, los GDO se muestran con una alternativa, aunque “ilegítima”. Esto va de la mano de un discurso, añade Herrera: “No necesitas ir al colegio o a la universidad, porque vas a tener un estatus en la organización”.
El Estado es el que debería garantizar estas condiciones. Con esa ausencia, esos grupos se apoderan del territorio. Aunque, aclara Herrera, no se puede pensar que todas las personas que viven en localidades con ese panorama son parte de las estructuras criminales. No obstante, el contexto no les permite poner un alto.
Daniel Vázquez, director de la Escuela de Tecnologías de la UTE, habla de que la seguridad es un tema que empieza, incluso, desde el desayuno. Un proceso de paz se inicia en la infancia, que un niño pueda desarrollar adecuadamente su cerebro y sus capacidades.
En Ecuador, la desnutrición crónica infantil es una de las realidades diarias. Dos de cada 10 niños menores de 2 años atraviesan esta problemática. Pero, no se trata solo de acceso a alimentos, sino de calidad de agua, educación, etc. La problemática es ligeramente más alta en las zonas rurales del país. Sin embargo, el 50 % de los niños con desnutrición está en Pichincha, Guayas y Manabí.
Wilson Goyes recuerda que el Gobierno ha implementado diversas medidas, como la regulación del uso legítimo de la fuerza, la creación de juzgados especializados y la declaración de estados de excepción.
Actualmente, el denominado Bloque de Seguridad está desplegado en provincias como Manabí y Guayas. También se ha ligado al combate a la inseguridad, la entrega de créditos a mujeres, aumento de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y obras.
Sin embargo, superar la crisis requiere, enfatiza Goyes, un enfoque integral que aborde las brechas sociales, fortalezca las instituciones, reestructure el sistema judicial, combata el lavado de dinero, mejore el control fronterizo y la intervención en el sistema penitenciario.
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