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Desde febrero de 2025, Ecuador enfrenta un invierno más intenso y severo de lo que se acostumbra, principalmente, en la Costa.
La primera alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) sobre la inminencia de un invierno duro se emitió el pasado 5 de febrero. Esto marcó el inicio de una temporada que pone a prueba la resiliencia del país.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y los gobiernos locales realizaron acciones preventivas desde noviembre de 2024. Pero las inundaciones, desplazamientos de masa y otros eventos producidos por las lluvias torrenciales rebasaron lo planificado.
La SNGR explicó a EL COMERCIO, que notificó a los municipios la importancia de ejecutar acciones preventivas y dio seguimiento a su implementación. Desde diciembre 2024 se realizaron talleres sobre incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial. También, sobre el uso de tecnología para tomar decisiones, estrategias de inversión en prevención y respuesta, entre otros temas.
Además, la SNGR envió un informe de la época lluviosa 2012-2023, con un análisis de amenazas como inundaciones y movimientos de masa. Se incluyeron datos de precipitaciones y temperaturas del Inamhi.
De esta manera se buscó anticipar escenarios de riesgo. Sin embargo, la intensidad de las precipitaciones superó las capacidades de respuesta, a nivel local.
Seis de las siete provincias de la Costa están en alerta roja por las lluvias intensas y ríos desbordados. Hasta el 14 de marzo de 2025, se registraron 671 inundaciones, concentrándose el 71% en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Aunque Guayas tiene más inundaciones, Manabí es la provincia con más personas afectadas, alcanzando un 63%.
A escala nacional, más de 100 mil personas han sido afectadas y se reportan 20 fallecidos. El riesgo persiste con 17 cuerpos de agua desbordados y 28 con alto nivel.
Algunos municipios, según la Secretaría, destacan por su efectividad en la implementación de medidas preventivas. Naranjito (Guayas), por ejemplo, ejecutó obras de mantenimiento vial, mejoró sistemas de recolección de aguas servidas y lluvias. Tiene ordenanzas para financiar proyectos de gestión de riesgos.
Portoviejo y Naranjito muestran avances significativos en la limpieza y mantenimiento de sistemas de drenaje. También en la construcción de infraestructura de contención de aguas.
Portovelo (El Oro) cuenta con un Sistema de Alerta Temprana (SAT) y trabaja en una ordenanza para fortalecer la prevención y mitigación de riesgos. Balsas (El Oro) priorizó el desazolve, dragado y limpieza de quebradas para reducir el riesgo de inundaciones. En tanto, Pasaje (El Oro) construye el embaulamiento de canales y dispuso maquinaria para mantener canales clave.
Hay que recordar que La Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2024) establece un marco normativo que obliga a los GAD y entidades del gobierno central a identificar fuentes de financiamiento para la gestión de riesgos. El art. 50 subraya la importancia de asignar recursos específicos para prevención y reducción de desastres.
Un ejemplo de esto es el convenio EPA-SNGR, que se ejecutó entre agosto 2023- diciembre 2024 en Guayas y Cañar. Se invirtieron 51,85 millones de dólares para obras de control de inundaciones. Esto mejoró la protección de zonas urbanas, rurales y agrícolas.
A pesar de los esfuerzos en prevención, los impactos del invierno siguen siendo significativos por varios factores estructurales y climáticos. La variabilidad climática intensificó las lluvias, generó volúmenes de agua que superan la capacidad de drenaje en muchas ciudades.
Algunos municipios, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), aún requieren fortalecer su preparación en la planificación de drenajes pluviales, implementación de alertas tempranas y gestión del suelo para reducir vulnerabilidades ante eventos climáticos extremos.
Entre los desafíos está la falta de infraestructura adecuada y mantenimiento insuficiente de la existente. Por ejemplo:
Aunque la SNGR emite lineamientos y da asistencia técnica, la aplicación efectiva de medidas preventivas recae en los municipios, según la Cootad. Sin embargo, muchas municipalidades no desarrollan ni actualizan sus planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgos, lo que limita la capacidad de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos.
En municipios de la región sur como El Oro y parte de Guayas requieren más apoyo en términos de infraestructura de drenaje, ya que la construcción de sistemas adecuados y el mantenimiento de los existentes es insuficiente, señalan técnicos de la Secretaría.
La provincia manabita es la más afectada en este periodo invernal. Varias ciudades enfrentan problemas de drenaje por la acumulación de sedimentos en ríos y esteros, lo que agrava las inundaciones.
EL COMERCIO consultó a varios municipios de esta provincia sobre las acciones preventivas vs. las afectaciones que afrontan. Contestaron a este pedido cinco municipalidades:
Portoviejo enfrenta varias afectaciones debido al invierno, especialmente por las lluvias intensas que comenzaron el 14 de febrero de 2025. La cantidad de aguas lluvias superaron a las de 1998 en más de 370 mm. Las principales afectaciones incluyen:
Roberto Briones, director municipal de Riesgos, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de Portoviejo, mencionó que el crudo invierno expuso problemas recurrentes, como las construcciones indebidas en zonas de riesgo, quebradas y canales.
En cuanto a las acciones de prevención y gestión de riesgos:
Juan Ureta, técnico de la Unidad de Riesgos del Municipio de Tosagua, explicó que las fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos en varias zonas. Además, mencionó que el GAD enfrenta dificultades debido a la falta de asignaciones pendientes desde noviembre de 2024. Entre las afectaciones están:
Acciones preventivas:
El alcalde de Sucre, Carlos Mendoza, envió una carta abierta al presidente Daniel Noboa pidiendo ayuda urgente debido a las inundaciones. En la carta explicó que las lluvias han dejado a Charapotó y otros sectores inundados. La situación superó la capacidad de respuesta del cantón, con más de 800 familias afectadas, carreteras y puentes destruidos.
El alcalde suplicó al presidente que el Gobierno atienda el grito de auxilio de esta población, tras el desborde de los ríos Viejo y Bachillero; desbordamiento de la quebrada Cañitas; afectaciones en los balnearios de Charapotó, San Alejo, San Clemente y San Jacinto, que se quedaron incomunicados.
La alcaldesa del cantón Bolívar, Ledy Laura Muñoz, reconoció que el invierno fue superior a lo planificado, afirmando que “este tipo de emergencia ha rebasado todo lo planificado para lo cual se necesita más recursos para atender las necesidades de la ciudadanía”. Este cantón destaca por su producción agrícola de cacao fino de aroma, que se exporta y cítricos. Más de 3500 familias afectadas, con 2730 viviendas dañadas y 912 familias damnificadas. Este cantón afronta:
Acciones preventivas:
A pesar de las acciones preventivas en Santa Ana, las fuertes lluvias han hecho imposible evitar las inundaciones. Karla Rivas, Directora de Gestión Territorial y Secretaria del COE Cantonal de Santa Ana, mencionó la falta de equipo caminero y presupuesto específico para afrontar la emergencia. Principales afectaciones en este cantón manabita:
Acciones preventivas:



