El Paso Lateral de Guaranda genera varios conflictos con 539 familias
Los habitantes reclaman que comenzaron las obras sin pagar los valores por las expropiaciones, entre USD 0,12 y 0,15 el m².
Blanca Ibarra impidió que la maquinaria de la Empresa Pública de China CRCC14TH, que construye el Paso Lateral de Guaranda, ingresara a su terreno. La mujer, de 70 años, miró desde lejos que un grupo de hombres vestidos con chalecos y cascos anaranjados entraron a su propiedad, en el sector de Chalangoto Bajo, en la vía Guanujo-Echeandía.
Los trabajadores colocaron una fila de estacas de madera, como señal de dónde se edificaría una carretera de dos carriles. Blanca recordó que impidió el ingreso del equipo caminero, pero de inmediato cuatro miembros de la Policía Nacional le pidieron que se retirara. Al final la sacaron casi a rastras.
“Me solté de ellos y me puse en medio de la máquina. Les dije que me paguen primero la indemnización y con precios justos para que ingresen”, dijo.
Inicialmente le habían asegurado que se expropiarían 1 300 m² de su terreno, pero luego de su queja bajó a 300 m².
“Así sea un centímetro, tenían que ponerse de acuerdo conmigo y no ingresar en forma arbitraria”, señaló.
Blanca Ibarra es un ejemplo de las 539 familias que se sienten afectadas por la construcción del Paso Lateral de Guaranda. Su principal malestar es que por las expropiaciones de sus propiedades recibirán valores muy bajos.
“No puede ser que nos cancelen entre 12 y 15 centavos el m² de terreno. Esto sucede porque no están actualizados los catastros desde 2003, en las 20 comunidades por donde cruza la carretera. Hay familias que recibirán entre USD 100 y 140 que no alcanzará para adquirir otra propiedad”, explica Luis Cordero, presidente de los hogares afectados.
Los habitantes del sector El Castillo se enfrentaron con la Policía la semana pasada. Bloquearon la carretera de ingreso a la zona, donde está el campamento de la constructora. Los uniformados respondieron con bombas lacrimógenas, lo que ocasionó mayor indignación en la población.
Cordero reclama la falta de respeto a las personas de la tercera edad y a los niños que se encontraban en una protesta pacífica. “De las 539 familias afectadas por la vía, hasta el momento no pagan a nadie, sin embargo ya iniciaron la edificación de la obra”.
De acuerdo con un informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Bolívar, la vía tendrá una longitud de 13,29 kilómetros, un ancho de 11,30 metros (dos carriles). Cuenta con dos puentes: sobre el río Salinas, de 260 metros; y el segundo sobre el Guaranda, de 160 metros; habrá tres intercambiadores de tránsito y tres pasos elevados vehiculares.
La inversión bordea los USD 42 millones y el plazo de construcción es de 912 días. Se prevé que 200 personas levanten la carretera, en la que transitarán 4 000 automotores al día.
Juan Carlos Yagchirema, director de MTOP de Bolívar, defiende el proyecto, pues considera que será la vía de desfogue del transporte pesado que actualmente ingresa a la ciudad.
Este proyecto arrancó el 17 de noviembre de 2010, con la firma del contrato del estudio de factibilidad de impacto ambiental e ingeniería. Pero ocho años después, el 27 de marzo de 2018, recién la Subsecretaría Zona 5 aprobó los estudios de factibilidad definitivos de la obra.
El plan constructivo fue presentado en el año 2018 y, de acuerdo con la Ley, los avalúos de los terrenos que atraviesa el Paso Lateral se hicieron con los catastros municipales de 2017, es decir un año antes, como fija la ley.
En diciembre de 2020 se entregó el anticipo de USD 8,2 millones a la constructora, pero la obra no comenzó de inmediato porque los terrenos no estaban liberados. Actualmente está liberado un kilómetro de vía, lo que corresponde a apenas siete familias.
Yagchirema reconoce que hubo negligencia por parte del Municipio, debido a la falta de actualizaron de los catastros cada dos años, como demanda la Ley. Eso provocó que los costos del suelo sean relativamente bajos, y que ahora los habitantes del lugar se nieguen a entregar sus tierras.
La administración municipal realizó la actualización de los catastros de la zona rural y urbana en 2019, pero no se están tomando en cuenta estos nuevos avalúos, porque el proyecto fue presentado en 2018 con valores de indemnizaciones de 2017, como lo explicó Yagchirema.
Por su parte, el alcalde Medardo Chimbolema está consciente de que los valores de expropiación son bajos y solo se puede indemnizar de acuerdo con los montos establecidos en la norma.
A quienes construyeron casas, el Cabildo les dio la opción de presentar una declaración juramentada, en la que indiquen que en los terrenos se edificaron casas y estas tienen más de cinco años de existencia para mejorar su indemnización a recibir.
