Gobiernos locales bajo la lupa por falta de planes ante El Niño

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional exige protocolos para mitigar desastres y proteger la seguridad ciudadana en Ecuador

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Ana Lucía Freire

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional exige a 143 cantones presentar protocolos de prevención ante el riesgo inminente del fenómeno de El Niño.

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Incumplimiento de autoridades locales

Un total de 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias en Ecuador tienen una deuda pendiente con la seguridad de su población. A pesar de estar bajo alerta amarilla por el impacto del fenómeno de El Niño, estas jurisdicciones no han entregado sus planes de acción a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Carolina Lozano, titular de esa cartera de Estado, reveló la situación durante su comparecencia ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del Legislativo.

Estos documentos son fundamentales para la operatividad preventiva. Deben especificar las zonas de riesgo, el catastro de población vulnerable y las brechas presupuestarias necesarias para mitigar desastres.

Según la funcionaria, la ausencia de estos lineamientos impide que el Estado trabaje de forma articulada para reducir el impacto destructivo del evento climático.

Advertencia desde el Legislativo

La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la mesa legislativa, enfatizó que la falta de estos protocolos no es un simple retraso administrativo, sino una amenaza directa a la integridad ciudadana.

“Este incumplimiento por parte de las autoridades locales pone en grave riesgo la vida de la ciudadanía”, afirmó Alarcón.

Exhorto nacional por la seguridad

Ante el escenario actual, la Comisión de Seguridad emitió un exhorto formal para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) actúen de manera inmediata. La instancia legislativa subrayó que la prevención de riesgos es una prioridad nacional que no admite postergaciones.

El llamado es a entregar sin más dilación los planes de acción a la Secretaría de Gestión de Riesgos, cumpliendo así con las disposiciones legales vigentes. La omisión de estas responsabilidades, según el Legislativo, atenta contra la seguridad nacional y deja a miles de ecuatorianos sin respuestas eficaces frente a la posible llegada del fenómeno climático.

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