La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, calificado como urgente en materia económica.
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Durante la última sesión de este jueves 22 de mayo de 2025, se recibieron aportes técnicos y jurídicos de expertos nacionales e internacionales, junto con representantes del sector productivo.
Daniela Alvarado, directora jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), propuso modificar de manera inmediata el artículo 18 de la ley vigente. Esta reforma se haría a través de una disposición transitoria mientras entra en vigor la nueva Ley de Lavado de Activos.
Alvarado también resaltó que el artículo 17.1 del proyecto que fortalece la capacidad de inteligencia financiera de la UAFE, consolidándola dentro del bloque de seguridad del Estado.
Incentivos tributarios
El tributarista Juan Gabriel Reyes analizó el artículo 32 del proyecto de ley, que plantea un crédito tributario para las donaciones dirigidas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Aclaró que este incentivo debe ser canalizado a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para garantizar su eficacia y transparencia.
Mientars que el asambleísta Adrián Castro propuso incluir reformas al COIP que permitan la reversión inmediata de maquinaria incautada. También planteó que los inmuebles decomisados se destinen a proyectos de utilidad pública.
Desde la Comisión General, el general colombiano Jorge Vargas compartió la experiencia de su país, destacando la importancia de la inversión en inteligencia y operaciones especiales para combatir el crimen organizado.
Por su parte, el asesor Manfred Grautoff subrayó la urgencia de fortalecer las instituciones civiles encargadas de rastrear y desmantelar redes financieras delictivas.
El experto Carlos Coronel también destacó que el crédito tributario es un incentivo superior a la deducción simple. Propuso que la ley especifique los bienes donables, excluyendo armamentos.
Crédito del BID
Coincidió, Karina Escobar, de la Capeipi, quien valoró la oportunidad de participación del sector pyme en el fortalecimiento de la seguridad pública, como una vía para garantizar la estabilidad productiva nacional.
Finalmente, el jurista Xavier Buendía subrayó la constitucionalidad y la urgencia de esta ley, resaltando el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una línea de crédito de 400 millones de dólares. Recomendó implementar esquemas de asociación público-privada para maximizar los beneficios de los incentivos tributarios.
