Las Cámaras de Turismo del Ecuador rechazan la intención del Gobierno de declarar al país libre de juegos de azar. Ayer, sus dirigentes se reunieron en el edificio Banco Park, en el centro de Guayaquil.
En los bajos del predio, empleados de casinos y salas de juego protestaron. Ellos defendieron su derecho al trabajo. El martes pasado, el presidente Rafael Correa anunció que está preparando una reforma legal para prohibir los casinos.
La Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur) está de acuerdo con que se eliminen las salas de juego ilegales, en aquellas permiten el acceso a los menores y en aquellas que, presuntamente, se lava dinero.
En el país, la Federación calcula que hay 42 establecimientos formales de juego de azar, 32 de ellos están en hoteles. Solo la inversión en casinos y salas de juego asciende a USD 120 millones. “No se puede maltratar la inversión privada y las certificaciones de trabajo”, señala Louis Hanna, ex presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.
Mientras José Carrión, presidente de Captur-Guayas, dice que el negocio de los juegos de azar da trabajo directo a 6 000 ecuatorianos y aporta mensualmente alrededor de USD 1,5 millones al Servicio de Rentas Internas (SRI), por Consumos Especiales (ICE) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los empresarios proponen que se elabore una Ley de Casinos y Salas de Juego para regular a los informales. Que permita crear programas de juego responsable y agregar competitividad al Ecuador como destino turístico. “El 57 % de los pasajeros que viaja a Latinoamérica quiere ir a destinos donde hay casinos”, afirma Carrión.
El 17 de junio de este año, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo, extendió hasta marzo del 2011 el plazo para que los casinos y salas de juego instalen sistemas de control online.
Este programa permitirá que las máquinas de juego se conecten con el SRI, Ministerio de Turismo, Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep) y la Unidad de Control de Lavado de Activos.