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Acciones de protección no garantizan medicinas para grupos vulnerables

Con la acción de protección se busca beneficiar a todos los pacientes que requieren 61 fármacos. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Buscó una y otra vez en la lista de medicamentos pero no encontró los que necesita; son aquellos que evitan que los síntomas del lupus la debiliten. Jéssica Sánchez recibió el diagnóstico hace 16 años y pese a las recaídas ha luchado por mantener su tratamiento.

La semana pasada, su batalla fue en las calles. Se unió al grupo de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas para protestar frente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, adonde acuden para los chequeos. “En la última consulta solo recibí la hidroxicloroquina, uno de seis medicamentos que debo tomar cada día”. Adquirir el resto de la receta por cuenta propia es complicado. Solo la caja de 50 pastillas de micofenolato supera los USD 200 y a diario debe tomar cuatro.

Jéssica es parte de los pacientes de siete asociaciones que pidieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo. A través de una acción de protección, demandan la entrega de 61 fármacos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que no llegan a las farmacias de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Una larga espera

El proceso comenzó en noviembre de 2021 y lograron una medida cautelar a su favor. En abril pasado, luego de varias audiencias, una resolución judicial les dio nuevamente la razón y fijó un plazo de 15 días al MSP y al IESS para cumplir con la entrega. Pero ya ha pasado un mes y los fármacos no llegan a sus manos.

Francisco del Pozo es el delegado de la Defensoría del Pueblo en Guayas y adelanta que preparan un nuevo recurso legal. Desde que recibieron la sentencia también han solicitado a nueve hospitales de Guayaquil, Quito y Portoviejo los listados de medicina en ‘stock’ y los que están en proceso de adquisición.

Algunos respondieron; otros esperaban el dictamen por escrito, que recién llegó esta semana. “Ese tipo de reacciones vulnera derechos y demuestra falta de voluntad, dice Del Pozo. Los hospitales están obligados a cumplir la disposición judicial, porque de lo contrario habría sanciones”.

Jenny Yungaicela buscaba algunos inmunosupresores en las listas que llegaron a la Defensoría. Hace dos años y cuatro meses recibió una llamada que la libró de una máquina de hemodiálisis.

El trasplante fue un respiro después de nueve años de esclavizante tratamiento contra la insuficiencia renal; ahora teme que el sacrificio de la espera se diluya. “Yo recibía la medicina completa para 3 meses, pero desde febrero… si hay una no hay la otra. He luchado tanto por este trasplante y ahora está en riesgo mi riñón”.

El everolimus es vital para ella. Debe tomar cuatro pastillas al día para que su cuerpo no rechace el órgano, así que ha hecho préstamos a otros pacientes pero todas las reservas se agotan. Comprarlo no es una opción, porque una caja cuesta USD 470.

Es más de un sueldo básico y mucho más de lo que Armando Morán gana al mes en los maizales del recinto San Juan de Vinces (Los Ríos). El afiliado al Seguro Social Campesino fue trasplantado en 2013, después de ocho años en diálisis. “Tenemos temor porque hay una medicina, pero no la otra. Ese inconveniente es como cáncer en los hospitales”.

Las alternativas

Para Enrique Terán, el tratamiento que aliviará el déficit de fármacos debe empezar por reducir los engorrosos trámites de compras públicas. El médico, con un doctorado en Farmacología, cree que las demandas legales, en las que “el Estado enjuicia al Estado”, son poco efectivas si solo ordenan plazos. “Se debería emitir una resolución amplia, que anule los candados burocráticos para la adquisición, que se permita una compra directa con el fabricante y que ordene que se separe el presupuesto necesario para hacer la compra”.

Eso implica recurrir a otros modelos de adquisición. Terán propone el de riesgo compartido, en el que el Estado y los fabricantes llegan a un acuerdo bajo una proyección de compras, sin anticipos y según la demanda.

Otra alternativa es el de negociación directa, también entre el Estado y los fabricantes, con precios especiales que dejen una rentabilidad aceptable y garanticen la provisión continua.

Para conocer cómo se ejecutan las adquisiciones y las trabas, la Defensoría visita los hospitales. En reuniones con quienes se encargan de las compras públicas han detectado que estas se truncan porque los oferentes se retiran del proceso. “La idea es dar recomendaciones para aliviar estas situaciones”, dice Del Pozo.

Jéssica solo espera que la escasez no le cause estragos. Sabe que si no completa la medicación volverán los dolores articulares, los mareos, los vómitos… Pero no cuenta con USD 500 cada mes para su tratamiento. En el IESS ni siquiera hay prednisona -una tableta cuesta USD 0,40-, o losartán -que no pasa de USD 0,15-.