El vicecanciller, Andrés Terán (izq.), luego de saludar con Carlos Poveda (der.), abogado de Julian Assange. Foto: Patricio Terán / El Comercio
Aceptar el protocolo de convivencia, visitas y comunicaciones en la Embajada de Ecuador en Londres fue una de las salidas que el Gobierno planteó a la defensa de Julian Assange.
Otra opción era que saliera de la Embajada y se entregase a la justicia británica, bajo las garantías de que no podría ser detenido por más de seis meses, ya que solo es requerido por violar una presentación ante un juez. Y que no sería extraditado a ningún país, incluyendo Estados Unidos, que es el temor de su defensa.
El anuncio lo hizo ayer el procurador del Estado, Íñigo Salvador Crespo. El defensor del Estado aclaró que la ejecución del protocolo especial para Assange no se adoptó de “improviso”.
Subrayó que en agosto la Cancillería envió una comunicación a Baltasar Garzón, procurador jurídico de Assange, en la que decía que dado que el asilo duró más de lo que estaba previsto y que no hay visos de que termine, debía escoger entre esas dos opciones.
La vigencia del protocolo especial, sumada al presunto aislamiento, llevó a los abogados de Assange a plantear la acción de protección en contra del Estado ecuatoriano, según confirmó Carlos Poveda, uno de los abogados de Assange.
Ayer, el fundador de Wikileaks conversó a través de una videoconferencia con Carlos Poveda. Lo hizo como parte de la audiencia en la que se debía sustanciar la acción de protección planteada por la defensa de Assange en contra del canciller José Valencia y del procurador Íñigo Salvador.
Previamente, se solicitó a la Cancillería la autorización para instalar un ordenador con acceso a Internet, que permita al ‘hacker’ australiano rendir su versión desde el Consulado de Ecuador en Londres. Además, se le proporcionó una dirección de correo electrónico.
La jueza Karina Martínez dispuso que se vaciara la sala de audiencias ubicada en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, para que Poveda y Assange ultimaran detalles su defensa, por cinco minutos.
Poveda indicó que los abogados del australiano no habían podido comunicarse directamente con él, por el presunto “aislamiento” en la Embajada.
Sin embargo, esa versión fue refutada por el procurador Íñigo Salvador, quien aseguró que entre julio y octubre de este año, Assange recibió 62 visitas, incluidos sus abogados.
También informó que el 19 de octubre pasado, Assange se negó a recibir la clave de la red wifi de la Embajada.
Después de la conversación entre Poveda y Assange, se trató de instalar la audiencia, pero no fue posible por problemas técnicos y de comunicación.
La conexión presentó inconvenientes de audio y Assange se quejó de la calidad de la traducción. La jueza adujo que el “inglés australiano” dificultó la comprensión del perito traductor sorteado para la diligencia de ayer.
Después de una hora y treinta minutos de intentos fallidos, se decidió suspender la audiencia, hasta nueva orden.
La defensa del australiano sostiene que el protocolo se adoptó de manera “unilateral” y que se estarían vulnerando los derechos de Assange, por el presunto aislamiento.
Pero según Salvador, en el proceso se “demostrará que los derechos de Julián Assange no han sido vulnerados nunca”. Tampoco desde la entrada en vigencia del protocolo que empezó en octubre, insistió.
Se prevé que la próxima semana se convoque nuevamente a la audiencia de este caso.
