17 de octubre de 2019 00:00

El diálogo por el decreto sigue; plan económico se reconfigura

El presidente Lenín Moreno (der.) recibió ayer en Carondelet a representantes de varios grupos de trabajadores. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno (der.) recibió ayer en Carondelet a representantes de varios grupos de trabajadores. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

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Cuatro días han transcurrido desde que el Gobierno derogó el Decreto 883, el pasado 14 de octubre. Desde entonces, se espera a que el diálogo entre el Ejecutivo y la Conaie termine en la generación del nuevo esquema de subsidios a los combustibles.

Ayer 16 de octubre del 2019, las dos partes mantuvieron una reunión reservada, con mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hasta el cierre de esta edición no trascendieron las resoluciones adoptadas.

La racionalización debería empezar por eliminar por completo la subvención que tienen las gasolinas extra y ecopaís, sugieren Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, y José Fuentes, docente de la Universidad de las Américas (UDLA).

Para el caso del diésel, que es el de mayor consumo, Fuentes recomienda hacer estudios más detallados, ya que la base de consumidores es amplia.
Esos dos productos ya tuvieron una rebaja en el subsidio desde diciembre del 2018. Las gasolinas extra y ecopaís pasaron de USD 1,48 a 1,85 por galón. Con el Decreto 883, el valor de los dos combustibles subió a USD 2,39, pero desde el martes pasado se volvió a los precios de diciembre.

Leonidas Iza, representante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), ayer en una entrevista televisiva, sostuvo que su sector coincide con el Gobierno en que los subsidios no pueden beneficiar a los sectores de más ingresos. El sector que representa no apoyará una medida de focalización que contemple eliminar la subvención a la gasolina extra o ecopaís.

Señaló que el transporte comunitario de productos agrícolas dentro del campo se realiza principalmente con camionetas que consumen este tipo de derivado; mientras, el diésel es consumido por tractores y camiones medianos y grandes. “Aumentar un centavo a la gasolina en el sector agrícola afecta a todo nuestro sistema productivo”.

Iza también dijo estar en contra de un incremento del bono de desarrollo humano y de la base de beneficiarios a cambio de la eliminación del subsidio a los combustibles.

El dirigente pide que se identifique a los grupos de mayor poder adquisitivo que están consumiendo gasolina subsidiada, a través de un proceso en el que participen sectores sociales y la academia. “Los quintiles 1, 2 y 3, los más pobres, necesitamos el subsidio. Los que deben pagar gasolina sin subsidio son los más ricos”.

Si la medida ya no incluye al diésel, el Fisco solo tendría USD 400 millones de ahorro y no los 1 400 millones iniciales.

Mientras esto se define, están estancados otros temas sensibles para la economía, como son las reformas tributaria y laboral. Según Napoleón Santamaría, analista tributario, se deben reconfigurar las medidas previstas inicialmente. Con el paquete tributario, la proyección del Fisco era obtener USD 600 millones al año.

Napoleón Santamaría, experto tributario, reflexionó que dadas las circunstancias no cabe dar paso a la oferta de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, tampoco reducir a la mitad la tarifa del impuesto a la salida de dividas (ISD), ya que el Fisco requiere de más ingresos que suplan a la eliminación de los subsidios.

Otra recomendación es incrementar la contribución especial que harán las empresas durante tres años. El anuncio oficial fue que se cobrará a las firmas que generen más de USD 10 millones al año. Santamaría sugiere que se considere a las empresas que facturan más de USD 1 millón, con aportes desde el 0,1 hasta el 1% de forma escalonada.

En cuanto a la reforma laboral, Gabriel Recalde, directivo del Centro de Estudios de la Política Laboral, opinó que algunos de los anuncios eran inconstitucionales, como reducir el tiempo de vacaciones del sector público y que los empleados de empresas públicas contribuyan con un día de su salario cada mes.

El martes pasado se tenía previsto un encuentro entre el Gobierno y sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), con mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, pero fue suspendido.

Con quienes sí se reunió el presidente Lenín Moreno ayer (16 de octubre) fue con la CUT y otros gremios. En la cita estuvieron presentes el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Trabajo, Andrés Madero.

El titular de la Cartera confirmó que el proyecto de ley será presentado en los próximos días y que incluirá ajustes a las normas que afectaban a los servidores públicos.

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, exige que se archive la reforma y se construya una nueva. Además, que cambie la estructura actual del Consejo Nacional de Trabajo.

El gremio dialogó con representantes de la ONU, a fin de pedir su mediación para abrir una puerta de diálogo.

En medio de estos escenarios, el Fondo Monetario Internacional dijo ayer que va a seguir trabajando con el país para identificar, en el contexto del actual programa, la mejor forma de apoyar en lo financiero y técnico al Ecuador. Y buscarán formas para asegurar la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de los ecuatorianos.

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