Para el Régimen actual las centralesson una fuente de ahorros para el país. Foto: Guillermo Corral / EL COMERCIO
En poco más de un año, el Ecuador tendrá un nuevo presidente e independientemente de su tendencia política deberá enfrentar una serie de retos en materia económica. Por un lado, deberá atender una serie de obligaciones adquiridas por el actual Régimen, especialmente el pago de créditos y contratos de financiamiento atados a la venta de petróleo.
Pero también tendrá ventajas en cuanto a la infraestructura desarrollada en los últimos diez años, la abundante oferta de energía de las nuevas hidroeléctricas, la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea y la producción de las minas de oro y cobre.
Un estudio elaborado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) anota que entre el segundo semestre del 2017 y el 2021, el próximo Gobierno deberá hacer pagos en promedio de USD 2 500 millones anuales solo por servicio de deuda externa adquirida por el Régimen, sin tomar en cuenta los créditos del terremoto ni la deuda interna.
Esto es un 45% del pago de servicio de deuda externa que el actual Régimen realizó entre el 2007 y el 2015, según el director de Cordes, José Hidalgo, quien indica que la nueva deuda es onerosa y de corto plazo.
El próximo Gobierno, además, verá mermados sus ingresos por la misma contracción de la economía prevista para este y el próximo años. También, están los contratos de venta futura del petróleo -agrega Hidalgo- que comprometerían la exportación de crudo la siguiente década.
“Es probable que aparte de la deuda externa, de las preventas de petróleo, el Gobierno también deje un atraso enorme con proveedores”, añade el director de Cordes, quien destaca que el próximo Régimen deberá recortar el tamaño del Estado, cuyo gasto no se puede sostener.
Otro desafío para al siguiente Gobierno es el desempleo que ha crecido el último año y que para el 2017 el Fondo Monetario Internacional pronostica en 6,4%.
El analista en temas económicos, Walter Spurrier, coincide en que la situación fiscal del próximo Gobierno será muy compleja porque el gasto no se podrá cubrir con los ingresos petroleros, ya mermados por los actuales compromisos de preventas.
Prevé un país con una estructura de costos muy alta y poco competitiva, principalmente por las salvaguardias. Pero también por el incremento de impuestos, algunos temporales como el alza del IVA, que esta semana entra en segundo debate en la Asamblea.Añade que, como estrategia, el próximo Régimen debiera modificar el marco legal para atraer inversión extranjera, pero el fruto de estos cambios se verá en años posteriores.
El exceso de energía de las nuevas hidroeléctricas se podría exportar, pero los únicos países en la región que requieren de energía son Venezuela “que no paga” y Chile que “está muy lejos”.
El Régimen sostiene que las centrales generarán ahorros al país por USD 1 300 millones al año en importación de combustibles.
No obstante, Spurrier destaca como positivo el acuerdo con la Unión Europa, de firmarse hasta finales de año.
El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, puntualiza que el nuevo Régimen asumirá una economía “el doble de grande de lo que recibió este Gobierno en términos nominales; con mucho menos pobreza y desigualdad; con un stock de capital mucho más grande porque hemos hecho muchísima inversión y hemos recuperado capacidad productiva. Hay más infraestructura, nuevos productos de exportación y mucho más talento humano”.
Pero la mayoría de precandidatos a la Presidencia y frentes políticos conformados con miras a las elecciones coincide en que se enfrenta un escenario adverso que exige una economía más abierta, buscar inversión privada y extranjera, reducir el gasto público y reestructurar o renegociar la deuda, especialmente con China (ver los recuadros).