Una cosa es en la tarima y otra, muy diferente, en el sillón de mando. Los 23 prefectos, 219 alcaldes,
1 581 concejales y 3 985 vocales de las juntas parroquiales rurales que asumieron sus funciones el pasado viernes tienen el reto de cumplir con los ofrecimientos.
Hay que recordarles que desde la tarima difundieron sus propuestas de cambio y desarrollo. Algunos, sin la mínima experiencia en la administración municipal o provincial; otros, con un bagaje de conocimientos luego de haberse entrenado cuatro años en esas funciones.
Los electores creyeron en ellos, se adhirieron a sus planteamientos y ahora esperan no ser defraudados. Administrar una ciudad o una provincia no debe ser cosa fácil, más aún si se tienen en cuenta las múltiples necesidades de las comunidades, que en cada época electoral reviven sus anhelos de cambio.
Para este período administrativo, las prefecturas tienen un reto adicional. El proyecto de Código de Ordenamiento Territorial, que fijará sus nuevas competencias, presupuesto y estructura, les obliga a replantear sus objetivos.
A esto se suma que los alcaldes serán parte del Consejo Provincial. Eso romperá esa histórica tradición de los burgomaestres de quejarse por la desatención de la Corporación a sus cantones. Ahora, con voz y voto, tendrán la oportunidad de defender sus propuestas y exigir la extensión de la obra pública.
Los dignatarios asumieron el control de los organismos seccionales, envestidos de la autoridad que les otorgó el pueblo, empiezan a delinear el futuro de las jurisdicciones.
Ojalá no se escuden en ese apoyo popular para descalificar al que piensa diferente, al que le pide que rectifique, al que le hace notar sus errores… Esa forma de administrar no solo que divide, intranquiliza.