8 de noviembre de 2018 00:00

La despenalización de aborto vuelve al debate en la Asamblea Nacional

La mesa de Justicia sesionó el lunes y recibió en comisión general a las catedráticas Alejandra Cárdenas y a Marcella Da Fonte (izquierda). Foto: Flickr Asamblea Nacional

La mesa de Justicia sesionó el lunes y recibió en comisión general a las catedráticas Alejandra Cárdenas y a Marcella Da Fonte (izquierda). Foto: Flickr Asamblea Nacional

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Valeria Heredia

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En Ecuador hay solo dos caminos legales para llevar a cabo un aborto: si la vida de la mujer está en peligro o por violación a una persona con discapacidad. La posibilidad de ampliar esas opciones se analiza entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 25 de julio pasado, organizaciones pro derechos de las mujeres presentaron propuestas a la Comisión de Justicia de la Asamblea. La idea es reformar el artículo 150 e incluir una nueva causal: el aborto no punible por violación en general.

Desde la semana anterior, el debate se intensificó y se ha centrado en dar la opción de decidir si se quiere o no tener un hijo tras una violación. Pero esta discusión lleva años.

En octubre del 2013, por ejemplo, tres legisladoras de la entonces bancada oficialista Alianza País trataron de incluir esa posibilidad en el debate del COIP. Esa intención les acarreó una sanción de su movimiento político.

Cinco años después, las divergencias en torno a despenalizar el aborto por violación se mantienen. Y son notorias en la mesa de Justicia, presidida por la legisladora correísta Marcela Aguiñaga.

Previo a la reunión de la comisión, el lunes, Aguiñaga comentó que espera tener listo el borrador para primer debate hasta finales de este mes.

Aguiñaga reiteró que su postura es pública. “Nunca he estado a favor del aborto”. Pero aclaró que no puede trasladar al debate sus “creencias religiosas individuales”.

Una posición similar es la de la legisladora de Creo, María de Lourdes Cuesta, quien explicó que “defiende la vida desde el momento de la concepción”. No obstante, escuchará “con cuidado” los puntos de los invitados a la mesa, para tomar una decisión.

Cuesta considera que hay otras formas de prevenir un embarazo y dijo: “se ha tenido demasiada benevolencia con los violadores”.

Pero en Justicia hay también legisladores con una visión basada en datos. Como coordinador del Grupo Parlamentario de Niños, Niñas y Adolescentes, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Franklin Samaniego, comentó que organizaciones internacionales han presentado ideas favorables a la posibilidad de despenalizar el aborto por violación.

Pero -manifestó- aún hay que detallar parámetros sobre lo que se considera o no violación. Hay opciones: una declaración juramentada o una declaración ante las autoridades. “Falta debatir más”.

Para Paulina Dercoutere y Betty Tola, integrantes de la Plataforma de Mujeres Caminando por la Igualdad, esa pregunta no es válida.

¿Por qué? No se debería poner en duda la palabra de una mujer que fue víctima de una violación. “Estamos hablando de una situación que impacta en la salud mental de una mujer y se debe manejar como un tema de salud pública”.

En medio del debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación se han examinado algunas cifras.

Una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual en el país, según el INEC. Mientras que en la región ya hay datos sobre la incidencia de la despenalización, que se ha traducido en la disminución de prácticas inseguras, según Nidya Pesantes, oficial Nacional de Programa ONU Mujeres Ecuador.

La despenalización del aborto –dijo a los legisladores, hace una semana– incide en la reducción de muertes maternas. En Uruguay, por ejemplo, el fallecimiento de mujeres pasó del 37%, entre 2001 y 2005, al 8%, del 2011 en adelante.

Otra de las invitadas a la comisión, este lunes, fue Alejandra Cárdenas, catedrática de la Universidad De las Américas. Para ella, no permitir que la mujer decida equivale a una “tortura”, por lo que el debate no se debe reducir a creencias religiosas o personales. “Desde el Estado la premisa debe ser la defensa de los derechos de los grupos prioritarios”.

Ecuador es el tercer país de la región con el mayor número de adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años. Se ubica detrás de Nicaragua y República Dominicana. Según el COIP vigente se considera violación toda relación sexual con niños y adolescentes menores de 14.

Según datos del Ministerio de Salud, en Ecuador se registraron 413 318 nacidos vivos de niñas y adolescentes, desde el 2010 hasta el 2016. “Por eso despenalizar el aborto es urgente, dice Marcella Da Fonte, catedrática de la U. Andina.

Pero la posición de grupos como Vida y Familia es contraria a que se abra esta posibilidad. Amparo Medina rechaza esta alternativa, pues “la Constitución reconoce la vida desde la concepción”.

Para ella, ningún ecuatoriano debe ser discriminado por ser hijo de cierto padre (violador). “Si mantenemos ese criterio tendríamos que matar a los hijos de criminales”, opina, pero reconoce que falta protección para las víctimas.

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