Con suéteres y pantalones oculta las cicatrices que tiene en brazos y piernas. Gloria estuvo casada por cinco años. En ese tiempo fue al hospital ocho veces por emergencia. La última sucedió en octubre.
Su esposo le lanzó una piedra en la cabeza que la dejó inconsciente. Los médicos le preguntaron cómo sucedió y ella respondió que se trató de un accidente, pero no le creyeron y llamaron a la Policía.
Entonces, la mujer de 43 años denunció los hechos. Fue la primera vez. Al principio tenía miedo. Incluso se cambió de casa para evitar que su pareja la encontrara. Ahora asiste cada semana a una terapia psicológica en una clínica.
Al inicio iba al Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía (Devif). Ahí le orientaron y le ayudaron a denunciar. A ese centro llegan mujeres a diario. Monserrat López es una de las psicólogas que atiende a las víctimas.
Ella dice que uno de los principales problemas que existe es la falta de denuncias. La especialista señala que las mujeres que han sufrido maltrato severo tienen un temor latente y no confían en nadie.
Por eso, denunciar en algunos casos toma años. De allí que desde el Devif se armó un programa que va desde el resguardo policial hasta la obtención de boletas de auxilio y terapia psicológica.
“La idea es que las mujeres vayan incrementando las denuncias en contra de sus agresores”, señala López.
Mariana es otra joven que fue agredida por su pareja durante tres años. El hombre la golpeaba con un palo de escoba y con un alambre. Ella lo denunció en diciembre del 2016. Ahora tiene una boleta de auxilio y él no puede acercarse a su casa. Ella también fue atendida en el Devif.
En el 2016, a esta entidad llegaron 45 172 mujeres por violencia intrafamiliar. Pero no todas denunciaron. De hecho, apenas 1 604 denuncias llegaron a la Fiscalía.
Esto, pese a que entidades como el Consejo de la Judicatura, municipios, Ministerio de Justicia y la Fiscalía han montado unidades especializadas para que la mujer pida ayuda y denuncie la violencia.
La Fiscalía, por ejemplo, el 7 de marzo pasado firmó un convenio con la CNT. Ambas instituciones desarrollaron una
‘app’ para teléfonos inteligentes, en donde “se despliega una pantalla que permite incentivar la denuncia”.
Entre los servicios que ofrece está la protección y prohibición al agresor de perseguir o intimidar a las víctimas y la extensión de una boleta de auxilio.
El Gobierno también ha analizado el temor de las víctimas en denunciar y por eso, en febrero, el presidente Rafael Correa envió a la Asamblea una reforma para ampliar a 40 años el tiempo de prescripción delitos sexuales contra niñas o menores de 18 años que hayan sido abusados sexualmente.
En el texto se lee que es “prioridad erradicar la violencia”. Además, se indica que de esta forma se “remediará la impunidad, tomando en cuenta que muchos casos no se denuncian por vergüenza o por traumas psicológicos”.
En tanto, el Ministerio de Justicia ha desarrollado una campaña de sensibilización en contra de la violencia.
El programa consta de charlas que orientan a la denuncia. Allí se pide a las participantes que emitan las quejas a través de la línea gratuita del ECU-911 o en las Unidades de Policía Comunitaria. Una de las últimas comunidades capacitadas fue Marcelino Maridueña, en Guayas. Allí, el pasado 4 de abril se orientó a 200 mujeres.
En Quito, en cambio, el Municipio ha habilitado cuatro centros de Equidad y Justicia. En esos espacios, las mujeres tienen asesoría legal y terapias psicológicas. Allí, también hay oficinas de la Fiscalía. La idea es ampliar las unidades y así apoyar a las víctimas desde el primer día de la denuncia.