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Debate por asignaciones a salud y educación en la Pro forma 2019

La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades para analizar la Pro forma presupuestaria 2019. Foto: Patricio Terán / El Comercio

La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades para analizar la Pro forma presupuestaria 2019. Foto: Patricio Terán / El Comercio

La Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades para analizar la Pro forma presupuestaria 2019. Foto: Patricio Terán / El Comercio

El cumplimiento de las asignaciones para salud y educación en la Pro forma presupuestaria del 2019 genera debate en la Asamblea Nacional, a pocos días de su discusión final.

Las disposiciones transitorias décimo octava y vigésimo segunda de la Constitución establecen que cada año se deben incrementar estos dos sectores en al menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PBI). Es decir, alrededor de USD 500 millones (ver gráfico).

Fausto Ortiz, exministro de Economía, explicó que la norma señala que este incremento se debe hacer en función del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea. El propósito es que la asignación para educación alcance un mínimo del 6% en relación con el PIB y para salud, del 4%.

Actualmente, el presupuesto establecido para salud en el 2019 representa el 3,51% del PIB y de educación, el 3,63%.

“Las cifras del 2019 en salud y educación son menores que el año pasado. Incluso, en dólares, se regresa a las cifras aprobadas al 2014 o 2015”, enfatizó el exministro de Economía.

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, el análisis del cumplimiento del aumento en salud y educación se debe hacer de manera técnica, junto con las medidas que se deben adaptar para llegar a los porcentajes establecidos.

Sin embargo, en el informe que aprobó la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó este tema, existe otra lectura sobre este tema.

De acuerdo con este documento, la Pro forma 2019 contiene las asignaciones establecidas en la Constitución, asegurando el incremento del 0,5% del PIB si se compara con el presupuesto codificado de este año; es decir, con el documento que Finanzas va ajustando a lo largo del año.

Para Educación Inicial Básica y Bachillerato, según el informe de la Comisión, hay un incremento de USD 565 millones en la asignación del 2019 en relación con el presupuesto codificado de este año. En salud se aumentó en USD 566 millones, considerando también el presupuesto codificado de este 2018.

Mauricio Proaño, legislador del ala correísta e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, se abstuvo de aprobar este informe y asegura que no hay tal incremento.

Él sostiene que la Constitución de la República no señala que el aumento se debe hacer respecto del presupuesto codificado. “No estoy de acuerdo en que por poner menos dinero se calcule en base a las cifras que ellos desean”.

El legislador mencionó que presentará un informe de minoría y que su bancada se reu­nirá más adelante para definir su posición.

Ximena Peña, coordinadora del bloque de Alianza País de la Asamblea e integrante de esta Comisión, expresó que la forma de calcular el incremento en estos dos sectores es la misma que se aplicó en años anteriores. Por esto, agregó que el bloque oficialista respaldará la aprobación de la Pro forma.

“Esta es una práctica que se ha repetido en (el Ministerio de) Finanzas y que en ocasiones anteriores no ha sido observada por la Asamblea Nacional”, precisó Peña.

Pese a este análisis, la Comisión recomendó en su informe, entre otros temas, que la inversión en educación contemple rubros para infraestructura educativa. Además, que la problemática en el proceso de ejecución y gestión de las partidas presupuestarias de la Pro forma vigente no puede ser la referencia para disminuir los valores presupuestarios.

Para salud, la Comisión recomendó que la Pro forma del 2019 mantenga al menos las asignaciones del Ministerio de Salud Pública fijadas para el ejercicio fiscal 2018. También, que se entreguen los recursos necesarios para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos.

Estos aspectos se deberán analizar en el Pleno. La fecha tope para aprobar la Pro forma es el 30 noviembre.

En esta instancia, la Asamblea determinará si se aprueba la Pro forma o se la devuelve al Ejecutivo para que haga ajustes, precisó Peña.

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