El Consejo de Participación transitorio hizo ocho destituciones en 100 días
El Cpccs transitorio se reunirá el 19 de junio para posesionar a los cinco encargados del Consejo de la Judicatura. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Según la consulta popular del 4 de febrero, el Consejo de Participación (Cpccs) transitorio debe evaluar a las autoridades de 16 instituciones, es decir, a 33 funcionarios nombrados en el gobierno anterior.
El 15 de juni0, cuando la entidad cumplió 100 días, terminó la primera evaluación, que resultó en la cesación del Consejo de la Judicatura.
Antes había finalizado el proceso a la Defensoría del Pueblo. Pero fue incompleto, porque Ramiro Rivadeneira, su extitular, no acató la entrega del informe de su gestión y se lo destituyó por incumplimiento de funciones.
La evaluación al exfiscal Carlos Baca, en cambio, se suspendió. El funcionario fue destituido en la Asamblea antes de que se terminara el proceso. Se concluirá solo en caso de que luego de cumplir todas las evaluaciones quede tiempo.
El Cpccs tiene seis meses para evaluar. Es decir que ya agotó la mitad del plazo. Ahora están en curso siete evaluaciones y deben iniciarse otras seis .
Julio César Trujillo, presidente del Consejo, asegura que están dentro de la planificación. Y que conforme a los avances, acabarán antes del límite y podrán concluir las evaluaciones de Baca e iniciar otras de exfuncionarios que ejercieron durante el Régimen pasado, como Carlos Ochoa, en la Supercom, quien fue destituido incluso antes de que el Cpccs aprobara el reglamento para la evaluación.
Contra él pesaba una orden de destitución de la Contraloría, que fue ejecutada por el Cpccs. Esa fue la primera de las ocho destituciones que la entidad ha firmado hasta ahora.
Tras la cesación de Ochoa, se destituyó también a Patricio Rivera de la Superintendencia de Economía, por haberse posesionado con más de 200 días de retraso. Luego se interrumpió el período de Rivadeneira en la Defensoría. Y el jueves se hizo lo mismo con los cinco exintegrantes de la Judicatura.
La evaluación es una tarea extraordinaria del Consejo. Por eso, en el arranque del período transitorio la entidad ha tenido que ajustar sus procesos, nómina y presupuesto.
En el período anterior, el Cpccs tenía 409 funcionarios entre su planta central y el resto de delegaciones. Con el Transitorio, este número bajó a 334. La reducción se debe a la política de austeridad impulsada por el Gobierno. Pero
para cumplir con el mandato se retiraron plazas de otros departamentos y se sumaron a los equipos de evaluación.
En términos presupuestarios, el Consejo solicitó USD 2,4 millones adicionales al Estado, respecto de los USD 11,8 millones que se habían asignado a inicios de este año. Se gastarán USD 1,1 millones en la elección de autoridades. De este monto, USD 973 952 se destinarán a dietas (pagos) de los comisionados y a la adquisición de estaciones de trabajo.
De los 16 procesos de selección de autoridades planificados, solo cuatro han iniciado. Los otros 12 están pendientes. Pero para esta tarea, el plazo del Cpccs transitorio se amplía hasta el final de su mandato. Esto es hasta mayo del 2019, cuando se posesione a los nuevos titulares de la entidad.
David Rosero, exintegrante del Cpccs, considera que los ajustes que el Transitorio ha hecho en los procesos de selección evidencian que habrá mayor celeridad y se podrán cumplir todas las designaciones a tiempo. Por ejemplo, destaca que se haya eliminado la oposición y que ahora habrá más presencia ciudadana.
La proyección es que cada designación de autoridades por concursos dure entre dos y tres meses desde su inicio. Mientras que las selecciones por ternas podrán ser aún más “rápidas y transparentes”.
En estos 100 días, el Cpccs también ha sido objeto de críticas. La más recurrente ha sido por un supuesto arrogo de funciones, al evaluar a la Corte Constitucional o al suspender concursos de selección de fiscales. Los consejeros han respondido que esto está dentro de sus atribuciones, ya que al tener un mandato popular, sus facultades tienen el mismo rigor que la Carta Magna.
Jorge Benavides, docente y especialista en derecho constitucional, considera que la apreciación del Cpccs es correcta por dos razones. Primero, porque hay un dictamen de la Corte Constitucional que indica que los regímenes transitorios están a nivel constitucional. Y también porque el mandato del Consejo proviene de una consulta popular.
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