Acatando el mandato de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la Corte Nacional de Justicia, por intermedio de su titular, doctor José Vicente Troya, presentó, el 1 de julio pasado, un informe de labores de los seis primeros meses de trabajo desde que fue instituida por la nueva Constitución.
Entre las tareas realizadas se destacan dos aspectos innovadores, uno en lo estructural y otro en lo operativo, ya que la Carta de Montecristi impuso al Poder Judicial funciones y deberes transformadores del antiguo sistema de administrar justicia, así como la implementación de entes inferiores para acelerar el cumplimiento rápido y oportuno de las instancias procesales del Derecho, evitando la negación de justicia a causa de abandonos o prescripciones.
En ese informe se resalta la creativa observancia de la nueva potestad conferida a la Corte Nacional para presentar proyectos de ley relativos a los entes judiciales, así como la implantación de antecedentes jurisprudenciales obligatorios en los fallos de triple reiteración legal y doctrinaria, fundamentando las sentencias no solo en el articulado de códigos y leyes sino también en precedentes jurídicos constantes en casos análogos y similares.
Es positiva la contabilización de 3226 causas resueltas por la Corte Nacional (integrada por solo 21 magistrados) en apenas seis meses de labores, 267 más que la cantidad en igual período despachó la antigua Corte Suprema compuesta por 31 ministros miembros. Asimismo, es satisfactoria la celeridad con la cual la Corte está absolviendo 43 consultas elevadas por cortes y juzgados provinciales sobre legislación civil, penal, mercantil, laboral, familiar, contencioso-administrativo y contencioso-tributario.
Las siete salas de la Corte Nacional de Justicia, además, han conocido, sustanciado y resuelto 24 apelaciones de hábeas corpus, mientras el pleno estableció varios juzgados y tribunales de garantías penales, conforme a lo dispuesto por la nueva Carta Magna en el ámbito de prerrogativas constitucionales del debido proceso y de las concordancias con instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
José Vicente Troya, al exponer el Informe de la Corte Nacional, reiteró su rotundo compromiso en pro de mantener la despolitización, independencia y autonomía del altísimo organismo que él preside, única premisa –dijo- para salvaguardar los principios sustanciales de la juridicidad, que son la generalidad, igualdad, imparcialidad, honestidad, oportunidad y continuidad.
De esta rendición de cuentas se desprende que la Corte Nacional está empeñada en cambios cualitativos indispensables, para hacer realidad lo que un destacado jurista afirmó: “De nada sirve a los pueblos tener fuerza, riqueza y cultura, si no tienen justicia”.