28 de septiembre de 2018 00:00

La Contraloría acelerará el control de obras judiciales

La Contraloría acelerará el control de obras judiciales
valore
Descrición
Indignado 1
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 13
Mario Alexis González

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado es la entidad que debe analizar 87 contratos de construcción de obras y 71 de fiscalización. Estos fueron suscritos por el Consejo de la Judicatura (CJ) en los períodos 2011-2013 y 2013-2018, por un monto de USD 313,1 millones.

La actual administración transitoria del CJ pidió la auditoría luego de identificar indicios de irregularidades. De los 87 contratos, se tomaron cuatro para un análisis y en todos se hallaron sospechas de sobreprecios (ver infografía).

Marcelo Merlo, presidente de la Judicatura transitoria, explica que si la tendencia de esta muestra se mantiene habría al menos un 60% de sobreprecio en las obras, lo que equivaldría a unos USD 160 millones, solo en construcción.

Hay dos limitantes para la Contraloría. Primero, que algunos de estos contratos ya fueron auditados, cuando Carlos Pólit (hoy prófugo de la justicia) era Contralor. Y la ley prohíbe dos acciones de control al mismo objetivo.

Este Diario solicitó ayer a la Contraloría un listado de las auditorías que están en marcha a las obras de infraestructura de la Judicatura, y también de las obras que ya cuentan con informes aprobados. La información aún no se entrega.

El segundo problema, en cambio, es que -según la ley- la Contraloría solo puede auditar contratos de los siete años anteriores al inicio del examen. Es decir que, actualmente, se podrían empezar exámenes solo de contratos firmados de octubre del 2011 en adelante.

El lunes pasado, Merlo se reunió con el contralor Pablo Celi para analizar esta problemática. Acordaron que los exámenes se empezarán de inmedia­to y se iniciará con los que están por prescribir.

Los indicios también fueron entregados a la Fiscalía para que sean investigados. Pero el fiscal General encargado, Paúl Pérez, aclaró que esta entidad está con las manos atadas, mientras la Contraloría no remita informes con indicios de responsabilidad penal.

Sin embargo, mientras se encuentran estos indicios y se emitan los informes, en caso de que así suceda, adelantarán la investigación con base en un convenio firmado recientemente con la Contraloría, la Asamblea Nacional y la UAFE.

Tres de los cuatros proyectos evaluados con supuestas irregularidades fueron ejecutados durante el anterior período de transición de la Judicatura (2011-2013), que lo presidía Paulo Rodríguez Molina.

Incluso, en ese período se encontraron contratos con empresas que tendrían nexos familiares con el exfuncionario.

El proyecto restante es el Complejo Judicial Quito Norte, inaugurado en enero pasado y ejecutado por la Judicatura presidida por Gustavo Jalkh.

El exfuncionario dijo ayer a este Diario que se están confundiendo las cosas. Primero, aclaró que esta obra, a diferencia de las otras, no fue contratada en el período de emergencia (transición) sino que se llevó una licitación y fue adjudicada al contratista que presentó la oferta más barata.

Sobre las otras obras, en cambio, indicó que cuando él se posesionó pidió a la Contraloría que se investigasen los contratos del CJ 2011-2014 y que esos exámenes ya determinaron algunas responsabilidades administrativas.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (4)
No (1)