3 de enero de 2020 12:55

Iniciativa de consulta popular busca que se nombren jueces indígenas

La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad sobre las resoluciones  del Consejo de la Judicatura respecto al proceso de evaluación de los jueces. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El pedido de consulta popular fue planteado por Manuel de Jesús Peñafiel, presidente del Consejo Nacional de Justicia Indígena. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Daniel Romero

El Pleno de la Corte Constitucional (CC) retoma actividades el miércoles 8 de enero del 2020. Entre los primeros puntos a tratar están un pedido de consulta popular sobre Justicia Indígena y una iniciativa de reforma constitucional.

El orden del día de la sesión del Pleno ya fue publicado en la página web de esa entidad. El pedido de consulta popular fue planteado por Manuel de Jesús Peñafiel, presidente del Consejo Nacional de Justicia Indígena.

La pregunta planteada para la consulta es: “con la finalidad de fortalecer y preservar la justicia indígena en el Ecuador ¿está usted de acuerdo en nombrar jueces indígenas que trabajen mancomunadamente con los fiscales indígenas, siendo incorporada como ente público con sus respectivas asignaciones estatales que por ley le correspondan?

Entre los argumentos planteados por Peñafiel está que los pueblos indígenas no están en “pie de igualdad frente a la justicia ordinaria”. Añade que, “a pesar de responder a la cultura de nuestro país y a la identidad de millones de personas, (la justicia indígena) ésta exime de incentivos por parte del Estado, nulo financiamiento, y un desconocimiento público generalizado hacia nuestras prácticas y decisiones”.

Sobre el planteamiento de una reforma constitucional, el Colectivo Ecuador Democrático planteó en el 2016 un pedido para reformar los artículos 114 y el inciso segundo del artículo 144 de la Constitución.

El objetivo de la propuesta era cambiar lo relacionado con la reelección indefinida que fue aprobada con una enmienda, por la Asamblea Nacional, en el 2015. Sin embargo, esa decisión fue derogada tras la Consulta Popular que impulsó el Gobierno en febrero del 2018.

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