El pasado 6 de julio, el presidente, Lenín Moreno, se reunió en las bases y los dirigentes de la Conaie en Latacunga. Foto: Glenda Giacometti/ EL COMERCIO
La relación entre el Gobierno y la Conaie es cercana. El presidente Lenín Moreno y el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, no se reunieron en Carondelet, como en otras ocasiones. Lo hicieron en un coliseo lleno de indígenas, en Latacunga.
La cita ocurrió el pasado 6 de julio. Ahí se dieron un apretón de manos. Ese día, el Mandatario anunció que se había creado la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y ofreció el edificio de la Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito, para la primera universidad indígena del Ecuador.
Para Vargas, el tema de educación, un logro histórico del movimiento indígena que fue finiquitado por el anterior Régimen, quedó solventado, pero había que avanzar en otro frente: las amnistías.
A pesar de los aplausos que se escucharon en el encuentro y las sonrisas entre ambos dirigentes, no existe un apoyo irrestricto al Gobierno, según el dirigente indígena. Él mantiene la posición de que buscan acciones concretas del oficialismo en los puntos tratados durante el diálogo nacional.
“No somos aliados políticos (…). Las marchas se han suspendido por la situación que hemos avanzado. Pero hay que entender que no es que porque nos entregó la universidad o la educación intercultural nos ha callado la boca”, dijo Vargas.
Para el secretario de Gestión de la Política, Paúl Granda, el Régimen mantendrá una posición de diálogo equilibrado y frontal para solventar las necesidades de un sector que ha señalado sus necesidades. Sin embargo, advirtió que no en todos los temas se pondrán de acuerdo.
“Si por A o B motivo, no solo en el caso de la Conaie, no se pueda atender, seremos lo suficientemente francos para decirles cuáles son las imposibilidades”, señaló Granda
Uno de los puntos sensibles entre el sector indígena y el Gobierno es el perdón legal para dirigentes sociales y políticos procesados por manifestaciones contra el expresidente Rafael Correa.
El 8 de marzo de este año, la Conaie hizo un anuncio. No insistiría en los pedidos de amnistías hasta que el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, abandonara el cargo. Un día después, esta condición se cumplió y Serrano dejó de ser el titular del Legislativo.
Cuatro meses han pasado y la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) se alista para presentar a la Asamblea 180 casos de amnistías, según información que maneja la Secretaría de Gestión de la Política.
A diferencia del año anterior, en este intento los indígenas mantienen reuniones con la titular de la Asamblea, el defensor Público, Ernesto Pazmiño; la defensora del Pueblo, Gina Benavides, los integrantes del Consejo de la Judicatura y funcionarios del Gobierno.
Según Jaime Vargas, han trabajado con esos organismos para tener los insumos legales para las amnistías. La lista definitiva se entregará la próxima semana. Con el Gobierno trabajan en un documento.
En la Asamblea se allana el camino para que el nuevo proceso no se trabe. Para la legisladora Encarnación Duchi, de la Comisión de Fiscalización y asambleísta de Pachakutik, se debe crear una comisión ocasional para este cometido.
Sin embargo, el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que impediría que las amnistías sean tratadas por una mesa legislativa ajena a la Comisión de Justicia, está presidida por Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana.
Del total de las amnistías presentadas, la mayoría no llegó a la Comisión porque no pasaron del Consejo de Administración Legislativa. La Comisión de Justicia trató solo 11 pedidos de amnistías.
Aguiñaga dijo a este Diario que 10 casos fueron archivados por no tener sustento jurídico y elementos que permitan dar paso al debate en el Pleno. Solo uno llegó a esa instancia y fue aprobado.
Mientras, otros sectores indígenas manejan otros tiempos. La Ecuarunari prepara una marcha en el Austro. Mañana definirán fecha para la manifestación. El objetivo es que se prohíba la megaminería en tierras ancestrales y en las cercanías de fuentes de agua.
A pesar de que existe el anuncio, la Conaie dijo que “eso es decisión de la Ecuarunari y sus bases. Estamos decidiendo (como Conaie) y hemos dicho que vamos a coordinar porque Ecuarunari es parte de la Conaie y no podemos dispersarnos”. Aunque señaló que hay una posición única en contra del extractivismo.
Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, advirtió que existe una estrategia del Gobierno para dividir al movimiento. “Creen que con el tema de la educación intercultural nos contentaron. Eso no es así. Aún queda mucho por resolver, el tema de la megaminería, de la explotación minera”.
Ayer, además, la Fenocín, afín al correísmo, publicó en su cuenta de Twitter su desacuerdo con la entrega del edificio de la Unasur a la Universidad Intercultural:“No es adecuado salirse de @unasur que es sueño de los pueblos”.