Es cuestionable la manera en que la mayoría de Alianza País aprobó el borrador final del proyecto de Ley de Comunicación. En una nueva muestra de poca tolerancia y escaso nivel de apertura a las sugerencias de distintos sectores relacionados con la información y el periodismo, esa mayoría impuso su voluntad en la elaboración de un proyecto con fisuras, distorsiones y subjetividades propias de quienes anteponen miradas políticas unilaterales en la elaboración de las nuevas normativas legales.
La presidenta de la comisión ocasional, Betty Carrillo, ha enviado ya a su coideario, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, el borrador definitivo. Según Cordero, el debate parlamentario del proyecto se iniciará el próximo 10 de diciembre y esas sesiones legislativas serán el escenario para recibir propuestas y mejorar lo que se tenga que mejorar.
El presidente de la Asamblea ha dicho, literalmente, que “botará a la basura” el proyecto si este atenta contra los derechos constitucionales, y ha ofrecido que invitará a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a que envíe delegados a presenciar los debates legislativos en torno al proyecto.
El pronunciamiento del jefe de la bancada gobiernista podría despertar alguna esperanza de que una deliberación sensata y serena, basada en las normas democráticas y en los tratados internacionales, produzca una Ley de Comunicación que exprese realmente los derechos, las necesidades, las demandas y las obligaciones de todos los ciudadanos, medios y periodistas, sin ninguna excepción, en torno al delicado tema de la información pública.
Hay que tomarle la palabra, a la espera de que sus pronunciamientos sean sinceros y se conviertan en realidad.