Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, habló ayer de los fallos. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Este martes, 15 de diciembre del 2020, se tenía previsto empezar la impresión de más de 52 millones de papeletas para la primera vuelta de las elecciones del 7 de febrero del 2021.
Pero la planificación no se cumplió, pues todavía no se cierran las listas definitivas de candidatos que buscarán la Presidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. Las dos instituciones que integran la Función Electoral se apuntan mutuamente por este desfase en los comicios.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconoció el domingo 13 de diciembre del 2020 en Ecuavisa que esta “dificultad” se presentó porque aún está pendiente la resolución sobre los candidatos del movimiento Justicia Social, una de las cuatro agrupaciones que fue eliminada por recomendación de la Contraloría.
“El problema se origina en esa decisión, donde bajo amenaza la Contraloría dijo al CNE que estas cuatro organizaciones debían desaparecer”.
Justicia Social, ahora liderada por Jimmi Salazar Jr., apeló su eliminación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y logró una sentencia favorable que les restituyó su personería jurídica y dispuso que sigan en carrera electoral, en igualdad de condiciones.
Ayer, 14 de diciembre, el presidente del TCE, Arturo Cabrera, arremetió contra los cinco consejeros del CNE, acusándolos de desacatar la sentencia sobre Justicia Social, desde hace 44 días.
Señaló que la sentencia, emitida el 30 de octubre, y el auto resolutivo, del 8 de diciembre pasados, establecen medidas de reparación en términos de equidad, tiempo y trámite para Justicia Social.
Con base en ese pronunciamiento, el movimiento anunció su intención de inscribir al binomio Álvaro Noboa y Gino Cornejo para los comicios. Por ahora, 16 fórmulas están calificadas en firme para buscar la Presidencia de la República.
“Al parecer, los cinco vocales del CNE sufren de amnesia colectiva, que parece sospechosa. No tienen un solo pretexto para incumplir la sentencia”, manifestó el juez electoral.
Este desacato se hizo más evidente durante el fin de semana, ya que el CNE suspendió, por tres días consecutivos, la sesión para cumplir el fallo.
José Cabrera, consejero del CNE, reveló en una entrevista radial que Atamaint pidió una aclaración al informe elaborado por el área jurídica, para acatar la sentencia del TCE.
El CNE reprogramó la plenaria para las 18:00 de ayer, 14 de diciembre. Hasta el cierre de esta edición, los funcionarios no se instalaban.
El consejero Cabrera considera preocupante que el TCE regrese a cero la calificación de candidaturas de Justicia Social, como medida reparatoria. “Es una situación bastante crítica, complicada”.
El presidente del TCE, en cambio, dice que no está en riesgo el proceso comicial y que no cabe modificar el calendario ni aplazar las votaciones.
Además, defendió la legalidad de los fallos. Señaló, por ejemplo, que Justicia Social solo tuvo cinco días para hacer sus primarias, cuando en el calendario se consideraron 15 días para esta fase electoral.
El magistrado relató que un día antes de la convocatoria a elecciones, es decir el 16 de septiembre, el CNE eliminó a Justicia Social del registro.
La inscripción de candidatos se efectuó entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. “Al 18 de septiembre Justicia Social no existía, no tenía vida jurídica… En Ecuador solo pueden presentar candidatos las organizaciones políticas debidamente reconocidas”.
Los consejeros del CNE mencionan que pese a la eliminación del grupo, en el sistema en línea nunca se les impidió registrar a sus postulantes.
Al respecto, el titular del Tribunal dijo que recién el 3 de noviembre Justicia Social recuperó su personería y que no cabía que el CNE calificara o desechara procedimientos de inscripción de candidatos.
Expuso que en algunas Delegaciones Provinciales no se recibió la documentación de aspirantes del movimiento, y en otras, hasta se los calificó. “Ese nivel de incongruencias debe ser corregido por el Tribunal. El CNE se olvidó de su propia resolución”.
Atamaint mantienen reuniones con el Instituto Geográfico Militar para analizar escenarios en relación con la impresión de papeletas. Lo que más inquieta al CNE es la distribución de paquetes electorales en el exterior, ya que debido a la pandemia algunos países establecieron medidas más estrictas para desaduanizar.
El juez Cabrera presentará al Pleno del TCE un informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Dijo que vulnerar el fallo puede constituir un delito penal, una infracción electoral, y que los afectados pueden iniciar acciones en el exterior.
Fernando Balda ya denunció a los consejeros del CNE por supuesto incumplimiento de decisiones de autoridad legítima. Los abogados de Noboa fueron a la ONU y a la CIDH.