5 de enero de 2020 17:55

Seis años de prisión para dos implicados en muerte de jóvenes en clínica clandestina

Madres, hermanas, esposas y familiares de los jóvenes llegaron con camisetas negras a la audiencia, que se extendió durante 13 días. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

Madres, hermanas, esposas y familiares de los jóvenes llegaron con camisetas negras a la audiencia, que se extendió durante 13 días. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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El llanto y los gritos de impotencia se escucharon en los exteriores de la Unidad Judicial Penal Norte 2, en Guayaquil. Los familiares de los 18 jóvenes fallecidos en una clínica clandestina de rehabilitación del Suburbio recibieron en medio de dolor la sentencia del caso, la tarde de este sábado 4 de enero del 2020.

El fiscal César Peña explicó que el Tribunal de Garantías Penales del Guayas dispuso seis años y ocho meses de cárcel por homicidio culposo para dos de los siete implicados en el incendio que se produjo el 11 de enero de 2019. Los cinco restantes, entre ellos exfuncionarios del Ministerio de Salud, fueron declarados inocentes.

“Estamos esperando la notificación de la sentencia en físico para continuar con los recursos de apelación que se presentarán ante la Sala Penal”, dijo el Fiscal.

Los jóvenes murieron asfixiados y con severas quemaduras cuando quedaron atrapados en el fuego que consumió una angosta habitación, conocida como ‘la lagartera’. En este espacio, cerrado con candados, supuestamente pasaban el periodo de abstinencia quienes tenían pocos días de ingreso.

“¡Es una injusticia! Eran seres humanos, eran nuestros hijos”. “A un ladrón le ponen cinco años y acá no dan ni un año por muerto”. Eran algunos de los gritos de reclamo.

“Estoy indignada. ¿Cómo puede ser posible que les den 6 años a estos asesinos cuando son 18 muertos? Esto no se puede quedar así”, reclamó Neyda Alcívar. El día de la tragedia perdió a su hijo Anthony, de 21 años.

Madres, hermanas, esposas y familiares de los jóvenes llegaron con camisetas negras a la audiencia, que se extendió durante 13 días. El proceso se dilató durante el 2019 y estuvo a punto de caducar la prisión preventiva contra Orlin B. A., propietario del establecimiento, y Johnny A. A., quien presuntamente portaba las llaves de la habitación donde ocurrió el incendio.

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La Fiscalía había pedido una pena de 17 años y 3 meses para ambos, por el delito de homicidio. Además, solicitó vincular a un médico que colaboraba con el centro y a cuatro extrabajadores de Salud, quienes otorgaron los permisos de funcionamiento al lugar.

En una primera etapa los delegados del Ministerio fueron sobreseídos. Pero, nuevamente, se los vinculó en noviembre pasado, cuando el caso regresó a preparatoria de juicio. Ahora fueron absueltos.

Juan Pablo Castillo es el defensor del exdirector provincial de Salud del Guayas -quien ejerció su cargo entre 2016 y 2017- y aseguró que el permiso fue otorgado de manera legal. El documento fue emitido el 15 de junio de 2017 y tuvo vigencia de un año.

El centro funcionaba en una angosta y vetusta casa de tres pisos del Suburbio que hasta hoy sigue cerrada. Los padres de los usuarios pagaban entre USD 100 y 200 al mes por la atención. Fue autorizado para atender a 12 personas, pero el día de incendio había 30.

“¿Cómo pueden afirmar que como encontraron el centro cuando se dio el incendio era el mismo centro cuando se dio la autorización?”, cuestionó Castillo. El abogado aseguró que había una normativa específica para otorgar permisos a este tipo de establecimientos de rehabilitación, en la fecha cuando se le entregó la documentación; sin embargo, no conocía la reglamentación al detalle. “En infraestructura es básico. Igual a eso no se refieren los acuerdos ministeriales”, añadió.

Abraham Aguirre, abogado de una de las exservidoras de Salud, sugirió que se investigue a los funcionarios de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), por no controlar la vigencia de los permisos. “Si el incendio ocurrió en enero 2019, los servidores públicos de esa fecha debieron ser investigados, no exservidores públicos que cuando ocurrió el incidente ni siquiera trabajaban en el MSP”.

El próximo sábado se cumplirá un año de esta tragedia, que obligó a las autoridades a revisar los protocolos de atención en casos de consumo problemático de drogas. El Gobierno anunció entonces la construcción de un centro público de desintoxicación en Guayaquil, donde se registra el mayor número de pacientes.

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