La Junta Provincial de Pichincha terminó los escrutinios de todas las actas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Para hoy, 1 de abril del 2019, a las 15:00, fue convocada la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para empezar con el análisis de las denuncias sobre supuestos vínculos de familiares del presidente, Lenín Moreno, con empresas situadas en paraísos fiscales.
Se prevé que sean convocados los autores de la publicación La Fuente, que ventiló el caso. La asambleísta de Alianza País (AP) María José Carrión, quien preside esta instancia, aclaró que la Comisión no podrá llamar a una comparecencia al Jefe de Estado, porque la ley no faculta.
“No cabe que el Presidente de la República sea convocado porque para la comparecencia de la máxima autoridad del Estado; la ley es clara, que eso debería ser en el marco de un juicio político (y de eso no se trata)”.
César Litardo, uno de los coordinadores de AP, insistió en que el grupo correísta en el Parlamento pretende desestabilizar al país.
El bloque de Creo, que propuso llevar el caso a la Comisión, afirmó “llegaremos a donde tengamos que llegar para lograr la transparencia y fiscalización”.
La Comisión tendrá 20 días para cumplir con esta tarea.
En el ámbito judicial, la jueza de la Niñez y la Familia de Quito, Jesús Raquel Herrera, analiza hoy la acción de protección presentada por los activistas Felipe Ogaz y Richard González. La demanda fue planteada en contra de 152 funcionarios, incluido el presidente Moreno, la presidenta de la Asamblea y la Ministra del Interior.
El objetivo de Ogaz y González es que la jueza ordene una investigación sobre la compañía INA Investment.
La jueza citó para las 08:30 de hoy a los 152 funcionarios a la audiencia, que está prevista en el auditorio de la Unidad Judicial del norte de Quito.
En tanto, la tarde de ayer, 31 de marzo, con seis votos a favor, los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) calificaron el pedido de investigar a Cabezas, por su conversación con Romo.
La sesión no fue presidida por Cabezas, pero presentó un pronunciamiento de la Procuraduría de que no cabe el pedido de reconsideración, porque el asunto ya fue tratado en dos ocasiones. Y dijo que “el pronunciamiento tiene carácter de vinculante.