El Consejo de Administracion Legislativa CAL se reunió, este domingo 31 de marzo de 2019, para resolver la solicitud de la asambleista Amapola Naranjo e investigar a la presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas por los audios filtrados y por obstruir procesos de fiscalización legislativos. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
Con seis votos a favor, los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) calificaron este domingo 31 de marzo del 2019 la solicitud de investigación a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.
Una comisión multipartidista se conformará para que investigue un audio en el que se escucha una supuesta conversación entre la titular del Legislativo y la Ministra del Interior.
La sesión se instaló esta tarde, pero no fue presidida por Cabezas. Ella entró a la reunión, presentó dos mociones y posteriormente se excusó de dirigirla por razones “éticas”.
Previamente, Cabezas reseñó que la asambleísta correísta, Amapola Naranjo -quien presentó la denuncia al CAL-, hizo el trámite por dos ocasiones, situación que no es permitida por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
“La denuncia original adolecía de varios errores y hoy se pretende dar paso a esta situación”.
En el artículo 145 de la normativa -citó- se explica que cualquier asambleísta podrá solicitar la reconsideración, sin argumentación, de lo resulto por el Pleno de la Asamblea, por el CAL o comisiones especializadas, en la misma o en la siguiente sesión. “No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado”.
Por ello, Cabezas presentó un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la reconsideración al pedido de investigarla.Y acotó que “el pronunciamiento tiene carácter de vinculante y representa acciones importantes en el ámbito administrativo”.
Además, fue enfática en decir que estas acciones son una muestra de que “se quieren tomar por asalto la Asamblea como instrumento para llegar a los diferentes niveles de Gobierno”.
Sobre el tema Viviana Bonilla, primera vicepresidenta del Legislativo, expresó que ese documento es vinculante, pero para la persona que hizo la consulta no para los miembros del CAL
“Hay mensajes claros de desestabilización”.
Para la legisladora Cristina Reyes, el deber del CAL “no es condenar, no es absolver, es calificar una denuncia. Si se cumplen los requisitos deberá ser sometido a un proceso. No es fácil porque la denunciada es la Presidenta de la Asamblea y los denunciantes eran parte de una misma organización política, que están peleados los unos a los otros”.