Amnistiados vuelven a aparecer en el paro 2022
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, fue procesado por el presunto delito de paralización de un servicio público. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Con distinto protagonismo, en las protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso volvieron a escena algunos de los rostros más visibles de las 268 amnistías aprobadas en la Asamblea en marzo pasado.
Uno de ellos es Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalides Indígenas (Conaie), quien junto a otras 18 personas enfrentaba cargos por secuestro y terrorismo por las violentas protestas de octubre de 2019.
La resolución aprobada por la Asamblea significó el “perdón y olvido” para esos procesos. De allí que no tienen impedimento para reincidir.
Mientras lideraba el cierre de vías, el martes pasado, Iza fue detenido. Una jueza lo dejó en libertad en menos de 24 horas. El 4 de julio deberá enfrentar un juicio por paralización de servicios públicos. La justicia no dio paso a un recurso de hábeas corpus a su favor. Tiene impedimento de salir al país.
Otro de los amnistiados es Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, brazo político de la Conaie. Santi se presentó en la Asamblea el jueves 16 junto al jefe de bancada, Salvador Quishpe. Allí, anunció que han enviado oficios a organismos internacionales y a la Iglesia para que actúen como garantes en estas movilizaciones.
Jaime Vargas, expresidente de la Conaie que lideró en 2019 las protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno por la eliminación del subsidio a la gasolina no ha tenido apariciones públicas. Agustín Cachipuembo, enfrentaba cargos por terrorismo y ahora acompaña a Iza en sus intervenciones.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que se adelanta un registro de quiénes están liderando estas manifestaciones para saber cuántos de los amnistiados están reincidiendo en estas acciones.
"Hoy están pidiendo seguridad, pero en octubre destruyeron 40 unidades de Policía comunitaria, pozos petroleros fueron tomados. Las amnistías parece que les da mucha más fuerza", agregó Patricio Carrillo, ministro del Interior, en Teleamazonas. En las protestas de 2019 Carrillo se desempeñó como director de operaciones de la Policía.
Acción de inconstitucionalidad
En la Corte Constitucional sigue en trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por Patricio Alarcón y Andrés Castillo, del colectivo Quito Levántate, en contra de la resolución de la Asamblea. La medida busca dejar sin efecto el beneficio para las 19 personas que enfrentaban cargos de secuestro y terrorismo.
Castillo reconoció que esto podría tomar algún tiempo, pues la Corte despacha este tipo de recursos por orden de presentación y tiene causas acumuladas de varios años. “Si es que la Corte no rompe esa resolución que se autoimpusieron de conocer cronológicamente esto se puede ir muy, muy largo”.
Advirtió que “si es que ahora se llegaran a darse excesos no tendremos ningún problema en iniciar procesos judiciales porque las amnistías no tienen carácter retroactivo”.
Esteban Torres, jefe de bloque del PSC, recordó que las amnistías fueron aprobadas con los votos de algunos asambleístas independientes que junto al movimiento Creo son parte de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN). Solo su bloque votó en contra.
“Las amnistías se aprobaron con más de 92 votos, de los cuales 13 votos pertenecieron a la bancada de Gobierno, así que hoy resulta muy curioso que aquellos que fueron beneficiados de esas amnistías estén promoviendo paros para tumbarle al Presidente. Son cosas de la vida”, dijo Torres.
Defensa de la resolución
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), pidió a la Corte que deseche la acción de inconstitucionalidad impulsada por Andrés Castillo y Patricio Alarcón. Lo hizo en un oficio enviado a este organismo el 2 de junio pasado.
“(…) Solicito que en sentencia se sirvan desechar la demanda, declararla improcedente y ordenar su inmediato archivo”, reclamó Saquicela a los jueces constitucionales, según consta en el oficio.
Aduce que “la pretendida acción de inconstitucionalidad carece de argumento, sustento y fundamentos jurídicos constitucionales, al considerar que la Resolución de 10 de marzo de 2022, aprobada por el Pleno de la Asamblea, es inconstitucional”.
Entre los amnistiados también estuvieron dirigentes de los transportistas y líderes del correísmo como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el parlamentario andino Virgilio Hernández. Ellos enfrentaban cargos por rebelión y no se han involucrado en las actuales manifestaciones.
