Inauguración de la sede de las juventudes de Alianza Pais . Foto archivo: Diego Pallero / EL COMERCIO
Las movilizaciones opositoras al Régimen, que el jueves (9 de julio) cumplieron su quinta semana, y el anuncio de que estas continuarán, alertó a los altos mandos de Alianza País (AP). Frente a ellas, el movimiento liderado por Rafael Correa elabora un plan para reforzar su capacidad de movilización.
En la noche del 25 de junio, luego de las marchas en Guayaquil, convocadas por Jaime Nebot, y de la movilización que partió de la avenida De los Shyris, varios ministros y funcionarios de Estado llamaron por redes sociales a los adherentes de AP para llegar a la Plaza Grande. La plaza no se llenó.
Dos días después, en su enlace ciudadano, Correa retó a su movimiento políticos por no ser capaces de llenar la plaza en media hora. Al jueves siguiente, llegaron de todo el país .
Para contrarrestar futuras movilizaciones, los dirigentes de AP emprenderán dos acciones. Una de ellas será zonificar las bases en el Centro Histórico. Identificarán a los líderes que viven en los barrios alrededor de la Plaza Grande y con ellos reforzarán la instrucción política y crearán canales de comunicación directos. La idea es que la gente de los barrios céntricos acuda de inmediato a la Plaza Grande ante un eventual llamado de sus dirigentes.
La propuesta proviene la legisladora Alexandra Ocles, quien reconoce que existe “una dificultad en torno a los mecanismos de convocatoria” producto de los ocho años en el poder. La propuesta primordial es mejorar la comunicación y la calidad de acercamiento con los dirigentes barriales.
Además de esta zonificación, la Dirección de Organizaciones Políticas de AP emprendió una evaluación de los Comités de la Revolución Ciudadana (CRC). Luis Monge, secretario de organización territorial lo confirmó. Estos espacios nacieron en el 2009 cuando el Presidente convocó al movimiento para organizar sus bases y captar a la ciudadanía simpatizante hacia una estructura que se focalice en cada barrio y distrito.
Sin embargo, militantes de AP que prefirieron el anonimato sostienen que luego de seis años este modelo empezó a tener fallas, en especial por la ausencia de autoridades en territorio. Según los datos de AP, hay un millón de adherentes y hasta el momento 300 000 de ellos están carnetizados.
Gastón Bustamante, líder de un CRC en Guayaquil, asegura que han realizado talleres y reconoce que fue necesaria la activación de estos espacios para explicar a los simpatizantes las propuestas de Plusvalía y Herencias. Raúl Ruiz es coordinador en el sector de Flor de Bastión (noroeste de Guayaquil). Trabaja semanalmente con unos 25 líderes comunitarios sobre temáticas de seguridad ciudadana, capacitación política y militancia.
Ruiz es el portavoz de lo que se dictamina en las reuniones mensuales con la dirigencia provincial. Se planifican las concentraciones en apoyo al Gobierno y se informa sobre cambios estructurales internos en el movimiento. En el caso de Ruiz, él se ha encargado de movilizar a unos mil simpatizantes desde Guayaquil a las jornadas en la Plaza Grande.
Junto a la dirigencia, él constata cuánto ha crecido la militancia y que esté abierta a participar en todas las actividades proselitistas.
Doris Soliz, secretaria ejecutiva de AP, sostiene que hay que interpretar en su contexto el llamado del Presidente. La gente tiene que movilizarse porque hay un nuevo guión desestabilizador que busca afectar todo lo logrado. “En esa dirección está el llamado a que todos nos organicemos”. Mientras, el director de AP en Pichincha, Gustavo Baroja, ratificó que están coordinado con los comités de la revolución para dar este tipo de respuesta.
Dentro del oficialismo se niega una pérdida de respaldo ciudadano. Legisladoras de Pichincha como Paola Pabón y Soledad Buendía aseguran que el grueso del respaldo al Gobierno está en el sur de Quito y en las parroquias desde donde no es posible llegar a Carondelet en menos de 30 minutos.