10 de mayo de 2019 00:00

AP no detalló el origen de USD 684 389 de la campaña del 2013

La fiscal ­Ruth Amoroso tomó ayer la declaración de Paulina Proaño, encargada de la administración de fondos de AP. Foto: API para EL COMERCIO

La fiscal ­Ruth Amoroso tomó ayer la declaración de Paulina Proaño, encargada de la administración de fondos de AP. Foto: API para EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz y
Andrés García (I)

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El movimiento Alianza País reportó al Consejo Nacional Electoral (CNE) USD 1,2 millones de 177 aportes para la campaña presidencial del binomio Rafael Correa y Jorge Glas, en los comicios del 2013.

En el listado de contribuciones aparecen 110 bajo el nombre del movimiento, pero no se especifica quiénes son los aportantes de USD 684 389. Solo se registra el número de cédula de la exencargada del manejo económico.

Se trata de Paulina Proaño, quien rindió su versión ayer 9 de mayo del 2019 en la Fiscalía, que investiga los presuntos aportes no declarados de multinacionales como Odebrecht a la campaña de AP para elecciones seccionales. Estos aportes alcanzarían los USD 11,6 millones, entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, según MilHojas.

La ingeniera comercial evitó dar detalles a este Diario sobre su participación en esta trama: “Yo no quiero hacer absolutamente nada. La Fiscalía está investigando y vamos a cumplir el procedimiento legal”.

Proaño ha tenido un largo recorrido en el sector público en el anterior y actual gobiernos. Entre sus cargos destaca la coordinación administrativa y financiera del Centro de Inteligencia Estratégica, ex Senain; también se encargó de la administración general de la Asamblea y fue la subdirectora de Pensiones del IESS. En esta última entidad, la Contraloría detectó descuentos a los servidores para Alianza País y fijó glosas y destituciones.

En la lista de contribuyentes del 2013 también hay empresarios. Entre quienes realizaron aportes más altos están Iván y Manuel Freire. El primero registra un aporte de USD 69 000 y el segundo, de USD 55 000. Mientras que Micaela Leher contribuyó con USD 60 000.

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El exgobernador de Santo Domingo, Freddy Campos, y el exalcalde y exconcejal de Santa Elena, Otto Vera, aportaron cada uno USD 30 000.
A estos dos políticos le sigue Julio Morla Paredes, quien fue asesor de la Secretaría del Agua al inicio del gobierno de Rafael Correa, y aportó USD 25 000. Otras tres personas, que llevan los mismos apellidos, también entregaron un total de USD 15 000.

Enrique Pita y Luis Verdesoto, consejeros del CNE, explicaron que para la campaña del 2013 AP reportó ingresos por USD 1,22 millones, y sus gastos fueron de USD 1,17 millones. Ellos aducen que en el caso Arroz Verde se deberían incluir los aportes de la campaña presidencial. La Fiscalía indaga esta línea y es posible que la incluya en el caso.

Ambos funcionarios creen que habría una presunta doble contabilidad y cuestionaron la falta de detalle del origen de los fondos entregados.

Entre los aportantes que constan en el informe entregado al CNE se mencionan a exfuncionarios cercanos a Jorge Glas, exvicepresidente y quien cumple una sentencia de seis años en la cárcel de Latacunga, por asociación ilícita.

Uno de ellos es Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia, exasesor del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y exrepresentante del Ejecutivo ante Conelec.

Ruiz, vía telefónica, indicó a este Diario que “no tiene nada que comentar del caso y que la información del CNE es pública”. Sin embargo, el informe con el detalle de los aportes fue revelado por Pita y Verdesoto, y no por el Pleno del organismo electoral.

Otro aportante es Cristóbal Punina, quien ha sido considerado uno de los hombres más cercanos a Correa. Laboró en la Empresa del Agua, Hidronación-Celec y la Secretaría del Agua. Durante el juicio contra Glas, el ejecutivo brasileño José Concençião Santos dijo que Correa llamó al excontralor, Carlos Pólit para pedirle que sacara a Punina de un informe en donde se detectaron sobreprecios en la construcción del proyecto Multipropósito Baba, a cargo de Odebrecht.

Otra servidora pública que aparece en la lista como contribuyente es Olga Muentes. Ella actualmente figura como analista de procesos electorales del Guayas, en las declaraciones de la Contraloría.

La exfuncionaria fue asesora de Jorge Glas, trabajó con él en los sectores estratégicos, en el extinto Fondo de Solidaridad y en el Ministerio de Telecomunicaciones. Muentes reconoció en el juicio contra Glas que trabajó para Odebrecht entre 1996 y 2003. Además, admitió haber visto en la Vicepresidencia a José C. Santos.

Rebeca Illescas, exviceministra de Minería, exasesora de y excoordinadora financiera del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos en la época correísmo también aparece como aportante.

Sin embargo, Illescas niega haber entregado dinero y enfatiza no pertenecer al movimiento AP. “Yo no he dado ni un centavo. Es más, ni siquiera soy de Alianza País, no sé por qué aparece mi nombre ahí”.

Hay 15 personas que contribuyeron con USD 5 000 cada una, entre ellas Sofía Espín, exasambleísta y prófuga de la justicia. La exfuncionaria también trabajó cerca de Glas en los sectores estratégicos.

El cierre de cuentas de la campaña presidencial del 2013 se hizo en abril del 2015, cuando el CNE estuvo a cargo de Juan Pablo Pozo. Hay la posibilidad de revisión del CNE durante cinco años.

Por otra parte, en la indagación fiscal del caso Arroz Verde, que investiga los aportes a la campaña seccional del 2014, hasta ahora hay dos personas procesadas y detenidas, Pamela M., ex jueza de la Corte Constitucional y exasesora de Rafael Correa, y Laura T., colaboradora de la Presidencia de la República.

La Fiscalía las acusa de organizar un supuesto esquema ilegal para camuflar pagos realizados por empresas privadas.

La versión de María Augusta Enríquez, excoordinadora
y asesora de la exsecretaría de la Administración Pública, cuando Vinicio Alvarado era su titular, fue diferida y aún no se conoce la fecha.

Ayer, Galo Mora, Doris Soliz y Gabriela Rivadeneira, exsecretarios de Alianza País y exfuncionarios, desestimaron las acusaciones. Mora, secretario del movimiento entre 2010 y 2014, confirmó que el 16 de mayo próximo rendirá su versión en la Fiscalía.

Soliz y Rivadeneira se deslindaron de responsabilidades financieras porque, según dijeron, eso era tarea de la encargada de la administración de los fondos de AP.

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