Baldor Bermeo indicó que en ese cantón existen 403 concesiones mineras que generan alrededor de 100 000 empleos directos e indirectos. Foto: Andrés García / EL COMERCIO
El alcalde del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, arribó a la Corte Constitucional (CC) para ingresar una solicitud de dictamen previo vinculante, que permita convocar a una consulta popular sobre las actividades mineras en esa jurisdicción.
El pedido fue ingresado pasadas las 09:00 de este lunes, 5 de agosto del 2019. El burgomaestre indicó que el objetivo es consultar a los ciudadanos de ese cantón, si están de acuerdo con que continúen las actividades mineras en Camilo Ponce Enríquez.
Bermeo indicó que en ese cantón existen 403 concesiones mineras que generan alrededor de 100 000 empleos directos e indirectos. “Estamos pidiendo que se apoye a la minería y que sea la gente del cantón la que decida. No puede alguien llegar y decirnos simplemente no a la minería“, comentó.
El Concejo Cantonal de Camilo Ponce Enríquez aprobó por unanimidad solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE), la convocatoria a consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre las actividades extractivas.
La pregunta ingresada para que la CC califique su constitucionalidad es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo que en la jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez se desarrolle la actividad minera metálica en todas sus fases legalmente otorgadas por los organismos competentes, respetando el medioambiente y los recursos hídricos, conforme a la Constitución de la República, las Leyes y más normativas conexas?
El 30 de julio pasado,el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, también ingresó una solicitud de dictamen previo en la CC, para convocar a una consulta popular en la que se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo en prohibir la minería metálica en toda esa provincia.
Según Bermeo, en la Cámara Provincial del Azuay no se lograron los votos suficientes para impulsar la medida planteada por Pérez. ” Solo obtuvo 14 de 25 votos. Imagínese, no todos los votos de la Cámara están respaldando la postura del prefecto Pérez”.