31 de octubre de 2018 00:00

El agua usada va a parar a 110 quebradas

En la parte baja de los barrios El Rosario y El Guabo se observan los tubos de PVC que arrojan las aguas usadas directamente al río Machángara. Foto: Macelino Rossi / EL COMERCIO

En la parte baja de los barrios El Rosario y El Guabo se observan los tubos de PVC que arrojan las aguas usadas directamente al río Machángara. Foto: Macelino Rossi / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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En un barrio donde todavía hacen falta veredas, calles y alcantarillado, las faltas ortográficas son lo de menos: “Vesinos no botar agua servidas para aca por favor”.

El pedido es claro y está escrito en la pared de una mediagua en Paluco, un barrio de casas humildes y caminos culebreros asentado a pocos metros del Machángara, a tres minutos de El Trébol, en el sur, donde cada casa adaptó un tubo para arrojar las aguas negras directamente al río.

En Paluco, donde vive una centena de personas, es como si las viviendas estuvieran agarradas con las uñas de la ladera. No hay transporte y la gente debe subir a la autopista General Rumiñahui a tomar el bus, a pie, por unas escalinatas improvisadas que ellos construyeron, y asegurarse de no pisar charcos de aguas sucias.

Conforme se ingresa al barrio, el olor penetrante a aguas negras comienza a incrustarse en las fosas nasales y hace difícil respirar. Arde la garganta, pero los vecinos, que en su mayoría viven allí hace más de 25 años, son inmunes.

José Pérez, carpintero de 61 años, sabe que lo que hace no está bien, que sería preferible vivir en una zona con alcantarillado, pero con los USD 50 al mes que gana, no le alcanza para mudarse junto con su esposa, su hijo y su nuera.

Más hacia el norte, en las faldas del barrio El Rosario, la realidad es similar. Al fondo del barranco, junto al puente que conecta esa zona con Orquídeas y con El Guabo, hay ocho tubos que salen de la montaña y lanzan los desechos de los baños y de las piedras de lavar al río Machángara.

A Aníbal Galárraga construir su mediagua le costó USD 2 000. Todo lo hizo él, incluso los desagües. Los tubos a veces se rompen, dice, porque el terreno se asienta, pero él mismo los repara.

Alfonsina Játiva, quien vive en La Esperanza desde hace 40 años, ni siquiera sabe que arrojar los desechos al río está mal. En su casa tiene cuatro piezas de renta y dos baños. Todo va a parar directamente al río Monjas. Lo mismo ocurre en 110 quebradas de la capital.

Son barrios, en su mayoría ilegales, que se asentaron al filo de la pendiente, que se ubican más arriba que la cota permitida y no cuentan con USD 385 para conectarse al alcantarillado.

Galo Rivadeneira, jefe de la Unidad de Estudios de Saneamiento de Agua de Quito (Epmaps), reconoce el problema y dice que se están tomando medidas. Desde el 2000, Agua de Quito desarrolla un programa para construir interceptores en puntos conflictivos.

Son canales que van por el borde de la quebrada y que recogen las aguas servidas y las conducen al sistema de alcantarillado.

En el sur, desde el límite con el cantón Mejía hasta El Trébol, donde vive un millón de habitantes, se están construyendo interceptores en las principales quebradas del Machángara: Caupichu, Capulí, Cornejo, Shanshayacu, Ortega y Río Grande. Hasta el momento se han construido 23 km de interceptores, pero para evitar que las aguas negras vayan al río se deberían construir 60 km. Se espera habilitar 37 km más hasta fines del 2019.

La inversión total de la construcción de interceptores en el sur supera los USD 50 millones, de los cuales USD 30,8 millones se invierten en la última fase que se ejecuta actualmente. Cada kilómetro de interceptor cuesta unos USD 900 000, todo depende de las dificultades del terreno.

Desde la av. Patria hasta la Carlos V (sector norte) la mayoría de quebradas se rellenaron y se construyeron colectores. El problema solo se presenta en las faldas del Pichincha, donde se levanta otra obra. Desde El Condado hasta San Antonio, por el río Monjas, aún persiste esa contaminación en un 40% de las casas cercanas a las pendientes.

La Ordenanza 332 dice que arrojar aguas servidas al espacio público se sanciona con una multa del 20% de un sueldo básico. En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Control realizó 55 operativos y se levantaron 221 actos administrativos por incumplir.

En Quito, se generan 7,5 m3 de aguas residuales por segundo. Pese a la construcción de interceptores, las aguas servidas terminan en el río porque el sistema colector no se conecta con una gran planta de tratamiento. Solo existe una pequeñaque se inauguró en febrero del 2017 en Quitumbe.

Tiene capacidad para tratar las aguas servidas de 15 barrios, de los 3 000 que existen en Quito. Es decir, cubre apenas el 2% de la población.

Hoy los ríos son corrientes pestilentes. César Narváez, catedrático universitario, los denomina ríos muertos. El principal contaminante (80%) es el agua residual.

Agua de Quito planea construir 10 plantas (nueve en parroquias rurales y una en Vindobona), lo que garantizaría tratar todas las aguas servidas de la urbe.
El proyecto cuesta USD 1 000 millones. El presupuesto anual para inversiones de la empresa es de USD 60 millones. Se busca hacer una alianza público-privada.

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