El plantel particular de Quito en donde una madre denunció que su hija fue amenazada con que sería violada, informó que decidieron separar de sus cargos a quienes fueron mencionados en el caso. El anuncio se realizó este viernes 26 de agosto del 2022, mediante un comunicado en las redes sociales del centro educativo.
La decisión la tomó el directorio del plantel, “en virtud de los acontecimientos que son de dominio público, a través de las diferentes redes sociales”, señala el comunicado. Además, se indica que se tomó la medida por la sensibilidad que corresponde a “estos desafortunados hechos que han afectado la imagen institucional“.
Según el plantel, la decisión fue tomada el jueves 25 de agosto. Aseguran que así responden “de manera oportuna y eficiente”. Y señalan que con eso continúan “sirviendo y contribuyendo a la formación integral de niños, niñas y adolescentes, apegados de manera estricta a la misión y visión institucional”.
El miércoles 24 de agosto, la madre de la menor relató que un niño amenazó a su hija de 9 años con violarla, cuando esta salía del baño del establecimiento. La mujer exigió que se destituya a los funcionarios de la institución que supieron del caso. Asegura que no se actuó conforme a los protocolos y con un enfoque de protección de derechos.
¿Cómo está el caso?
Según el relato de la madre, el niño que amenazó a su hija no pertenecía a la institución educativa. El Ministerio de Educación confirmó esa información y dijo que el caso se remitió a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de La Delicia. Además la cartera de Estado señaló que si se comprueba que hubo negligencia por parte del plantel, este podría ser sancionado.
Toda la comunidad educativa, señaló el Ministerio, tiene la obligación de convertir y preservar al espacio educativo como un entorno seguro. En él se deben garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, como grupo de atención prioritaria.
El 10 de enero del 2020 se emitió un Acuerdo Ministerial. Con este se actualizaron los Protocolos y Rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Estas son de aplicación obligatoria en las instituciones educativas de todo el país.
Este instrumento guía la actuación de la comunidad educativa frente a situaciones de violencia entre estudiantes. El Ministerio dice que se maneja un abordaje que garantiza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. También su acceso, su permanencia en el sistema educativo y la protección integral de sus derechos.