El abogado español Baltasar Garzón impulsa el pedido de acción de protección en favor de Assange. Foto: AFP
En la Unidad Judicial Civil de Pichincha recayó la acción de protección a favor de Julian Assange que hoy, 19 de octubre del 2018, presentaron abogados que defienden al hacker australiano, quien desde 2012 permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
El caso deberá ser analizado por la jueza Carina Martínez. A ella le corresponderá decidir sobre la posibilidad de que se revierta el protocolo que fue definido hace una semana para las comunicaciones, visitas y controles médicos que recibe el fundador de WikiLeaks.
Después de presentar ese recurso, el jurista español Baltasar Garzón y el abogado ecuatoriano Carlos Poveda, quienes forman parte del equipo jurídico de Assange, ofrecieron una rueda de prensa hoy, viernes 19 de octubre del 2018.
El conversatorio duró alrededor de una hora. Allí Garzón definió a su cliente como “una persona especialmente protegida” pues sigue como asilado en la Embajada, aunque el año pasado la Cancillería le otorgó la nacionalidad ecuatoriana.
El jurista español sostuvo que Assange permanece “en un condiciones inhumanas” dentro de esa representación diplomática, al señalar que desde el 28 de marzo pasado el Gobierno decidió cortar su acceso a Internet.
La medida se tomó luego de que Assange incumplió varias advertencias de que no debía hacer comentarios que podían afectar las relaciones de Ecuador con otros países.
Garzón sostuvo, sin embargo, que esa disposición, a la que consideró como “un abuso”, fue tomada “sin que hubiera justificación suficiente” y “sin ninguna intervención judicial”.
Agregó que el protocolo del que Assange tuvo conocimiento el 13 de octubre anterior, no tiene la firma de ninguna autoridad responsable. Remarcó que no recibió “ninguna notificación formal”, pero indicó que allí se establecen 32 disposiciones específicas que no fueron consensuadas con Assange.
“Se trata de una actuación bilateral y arbitraria. El protocolo contiene una serie de términos impropios”, insistió.
A su juicio, ese documento “violenta los derechos fundamentales” de Assange y también afecta a la intimidad de quienes lo visitan. Por eso, dijo que la justicia ecuatoriana debe decidir “si es correcta o no”.
La acción de protección alude como contrapartes al canciller, José Valencia, y al procurador general del Estado, Íñigo Salvador.
Un comunicado de la Cancillería señaló el miércoles, 17 de octubre, que “Ecuador es un Estado soberano, que toma sus decisiones de política exterior con autonomía y mirando solo la defensa de sus intereses nacionales, con estricto apego al derecho internacional”.
El canciller, José Valencia, expresó hoy que la acción de protección presentada por los abogados de Julian Assange en el Complejo Judicial del norte de Quito tendrá una respuesta apegada a derecho por parte de las autoridades ecuatorianas.
Valencia justificó el protocolo expedido la semana pasada para las comunicaciones y visitas que recibe el hacker australiano en la Embajada de Ecuador en Londres, en donde permanece asilado desde 2012.
“Contamos absolutamente con todo el respaldo judicial, legal del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana”, enfatizó Valencia durante una rueda de prensa en Guayaquil.
Subrayó que las autoridades ecuatorianas “van a hacer respetar esa soberanía del país” al defender las competencias que tiene la Cancillería para haber adoptado esas medidas en el caso de Assange, lo que ha sido objetado por sus abogados por la vía judicial.
