Redacción Política
politica@elcomercio.com
El contexto político y los argumentos legales que se esgrimieron para justificar el cierre temporal de Teleamazonas, el pasado 22 de diciembre, marcan la diferencia. Sin embargo, en los últimos 10 años, 21 medios de comunicación han corrido con una suerte similar. La suspensión temporal de las señales es una medida administrativa común que impone la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).
Sin embargo, en el período que se relaciona con el gobierno de Rafael Correa se han aplicado la mayoría de estas sanciones: 16 de los 21 casos. Las razones que motivan este tipo de procesos van desde la generación de interferencias con otras estaciones, a la instalación de repetidoras sin autorización.
También por incumplir algún trámite administrativo.
Las sanciones oscilan entre dos horas y ocho días, dependiendo del grado de la infracción. Sin embargo, la máxima amonestación es de 90 días, de acuerdo con lo que estipula la Ley de Radiodifusión y Televisión.
El primer medio amonestado de la década fue la radiodifusora cuencana Austral del Ecuador, el 31 de julio de 2001. Su señal fue suspendida por dos horas.
La mayoría de los medios penalizados proviene de Azuay y Loja (ver cuadro adjunto).
Para Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, las sanciones son trámites que se ejecutan cotidianamente contra los medios que incumplen la normativa. Desde que ocupa el cargo (julio de 2008), el funcionario ha suscrito los fallos que permitieron el cierre temporal de nueve medios: casi la mitad del total de sanciones en 10 años.
Dos penalizaciones responden a recomendaciones de un informe de frecuencias realizado por la Contraloría del Estado. El resto fueron incumplimientos de carácter técnico. En ese sentido, las suspensiones de esas señales se enmarcan en lo que exige la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Además, fue el ejecutor de las sanciones contra Teleamazonas, las mismas que han sido alentadas por el presidente Rafael Correa, a través del ahora Ministerio de Telecomunicaciones. La más fuerte fue el cierre de la estación por tres días hace más de un mes.
Según Jaramillo, “lo sucedido con Teleamazonas toma connotación especial por la bulla que se ha desatado sobre este tema. Nosotros solo avocamos conocimiento de una resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y emitimos la boleta de cierre temporal”.
Manuel Balboa es propietario de la radiodifusora cañarense La Voz de la Juventud, cerrada por 72 horas en diciembre de 2007. Recuerda que la sanción respondió a un cambio de estudios técnicos sin previa autorización del desaparecido Conartel.
En el caso de la radiodifusora Contacto XG, de Cuenca, hubo problemas de interferencia con la señal de Radio Activa. Por eso, sus propietarios suspendieron la frecuencia para solucionar el problema. Carlos Rubio dice que esto se debió a un error técnico de la Supertel, que entregó la misma frecuencia a otra radio.
Kléber Chica, titular de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), núcleo del Guayas, cuestiona, sin embargo, que en la suspensión de Radio Sucre, rea-
lizada en julio de 2008, no se haya seguido el debido proceso. El ex Conartel argumentó que Radio Sucre operaba en una frecuencia distinta a la asignada y que la concesión de la frecuencia venció en 2003.
Por ese motivo, dicho medio fue suspendido por ocho meses. Es decir, cinco meses más de lo que estipula la Ley de Radiodifusión (90 días). Gabriel Arroba, funcionario de esa radio, explicó que en la última apelación interpuesta demostraron que jamás incumplieron la Ley. Sucre fue cerrada porque supuestamente tenían problemas con la frecuencia.