Marcelo Rivera, el ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), fue sentenciado a tres años de prisión. Gladys Terán, presidenta del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, lo halló culpable por agresión terrorista.
El artículo 164 del Código Penal define a este delito como: “La unión de una o más personas armadas o no, con el propósito de ejecutar actos de violencia contra funcionarios o empleados de instituciones públicas o contra sus propiedades, ocasionando la lesión de terceros …”.
A Rivera se lo responsabilizó por los desmanes que se produjeron el 8 de diciembre del 2009 en la Universidad Central.
Ese día, un grupo de estudiantes irrumpió de forma violenta la sesión del Consejo Universitario; hubo destrozos de bienes e incluso el rector, Édgar Samaniego, sufrió golpes en su cabeza. Él tuvo que ser atendido de urgencia en la Clínica Pichincha.
Según el acta de la sentencia, que fue suscrita el viernes pasado, pero que se hizo pública ayer, Rivera deberá cumplir su pena “en el Centro de Rehabilitación Social en donde se encuentra actualmente debiendo descontarse el tiempo que hubiere permanecido privado de su libertad por esta causa”. Rivera se encuentra casi 10 meses recluido en la Cárcel de Varones No. 2.
Además deberá pagar USD 298 665 por los daños y perjuicios en la infraestructura de la Universidad Central. Y otros USD 500 “por la defensa de la acusación particular, a cada uno de los doctores Víctor Granda y José Robayo”.
Ramiro Román, abogado del dirigente universitario, presentó ayer ante el Tribunal un recurso de ampliación y aclaración. Según el defensor, no se ha justificado que Rivera haya agredido a alguna autoridad.
Román cree que la sentencia es un intento del Gobierno para establecer un precedente jurídico en casos de terrorismo y así poder juzgar otros procesos como el que se sigue en contra de los implicados en la sublevación del 30 de septiembre pasado.
“Se ha tomado un recurso de la dictadura para sancionar a los subversivos y mi cliente no lo es”.
El penalista Gustavo Medina explicó que para que se pueda asentar un precedente, la sentencia debe ser definitiva, pero en este caso la defensa de Rivera aún tiene varios recursos.
En nueve días el Tribunal debe pronunciarse sobre la ampliación y declaración y si no hay un fallo favorable Román puede presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional. Si la Corte lo halla culpable, una comisión especializada analizará el fallo para definir si es procedente asentarla como antecedente jurídico.
Ayer, los simpatizantes de la FEUE rechazaron la sentencia y dijeron que se mantendrán en una huelga de hambre, fuera del hospital del IESS, en Quito. En el resto del país se anunciaron movilizaciones y protestas.