David Rosero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), aseguró este 21 de julio del 2022 que los consejeros no conocían de la supuesta alerta sobre el impedimento de Raúl González para ser superintendente de Bancos.
“Había una etapa de impugnación donde el presidente (Hernán Ulloa) podía haber planteado cualquier situación. A última hora se saca este tema. Nosotros no tenemos conocimiento oficial ni documental de esa situación. Entiendo que se trataría de un tema que ya habría caducado. Pero nunca eso se puso en conocimiento de los consejeros, tampoco se dio ninguna impugnación al postulante”, declaró Rosero en una entrevista al medio digital Un café con JJ.
Rosero, quien fue removido de la Vicepresidencia del Consejo el 9 de febrero, hace la aclaración debido al supuesto impedimento de González que alertó el presidente Hernán Ulloa: “Tendría en la actualidad un contrato pendiente con el Estado, siendo el representante legal de la Compañía RGPaccioli & Company S.A.” y que esa alerta la observó cuando ingresó a la página web del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, el sistema informático oficial de esta institución arroja que “no cuenta con procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado”.
El informe del equipo técnico, que verificó la información de los candidatos de la terna enviada por el Ejecutivo, establecía que el postulante cumplía con todos los requisitos, que no había recibido impugnaciones y por eso se llegó hasta la etapa final, reiteró el exvicepresidente.
Rosero fue el proponente de la resolución con la que el Pleno del Cpccs designó a González como nuevo titular de la Superintendencia de Bancos con los votos a favor de los consejeros Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y de Francisco Bravo, quienes en anteriores ocasiones demostraban su apoyo y formaban parte de la denominada nueva mayoría.
Otros concursos
Según Rosero, hasta antes de la remoción de Almeida y suya se había avanzado en un 40% los procesos para la designación en la Contraloría, para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y para la Defensoría Pública, y a la actualidad se ha avanzado un 10% más.
“Consideraría que todo eso debe culminar en este mismo año. (…), una de las causales del juicio político es precisamente haber reformado los reglamentos del Contralor, entre otros, a mitad del proceso. Quienes hicieron eso deberán defenderse de esa situación”, cuestionó.
Por otro lado, el consejero criticó al presidente Guillermo Lasso porque aún no ha enviado la terna para la designación del nuevo procurador General del Estado. “Sus funciones terminan en este mes de julio”, dio al presumir que el Jefe de Estado está mal asesorado.
El actual procurador, Íñigo Salvador, fue posesionado para un periodo de cuatro años el 31 de julio del 2018 por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.
En otro punto, desde este 21 de julio hasta el 29 inicia el periodo de inscripciones para la ciudadanía interesada en conformar la veeduría que dará seguimiento a las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena. Una resolución que aprobó el Pleno del Cpccs anteriormente.