Las universidades ecuatorianas son diversas en muchos sentidos. Son públicas o privadas; nacionales, regionales o locales; laicas o confesionales; grandes, pequeñas o medianas; caras, baratas o gratuitas; vinculadas a los empresarios o cercanas a sectores medios u organizaciones sociales. Unas tienen más de un siglo de vida, otras fueron creadas en las últimas tres décadas. Algunas tienen gobierno institucional con más participación de sus estamentos, otras con menos o casi nada. Por ello, la postura de las instituciones universitarias ha sido diversa ante la realidad nacional. La gran mayoría de las públicas han albergado acciones políticas de crítica al sistema y a los gobiernos. Otras han optado por definiciones “apolíticas”, si estas de veras existen. Buena parte de las privadas son espacios de los empresarios, que en algunos casos son sus dueños.
Esta realidad se ha reflejado en la respuesta de las universidades de Quito ante el paro de las organizaciones indígenas. La Central y la Salesiana han albergado a los manifestantes y se han convertido en centros de acción. La Andina y la Católica tienen en sus campus centros de salud y atención humanitaria con brigadas de voluntarios. En otras se ha recogido alimentos y vituallas. Dos o tres no han hecho nada ni se han pronunciado. Por lo que puede verse, esta diversidad de posturas se mantendrá.
Pero hay rasgos que son parte de la naturaleza de las universidades. Todas deben defender la democracia, la paz y la justicia social. Todas deben condenar sin reparos la represión y la violencia. Todas tienen el compromiso de condenar el racismo y los atropellos a los derechos humanos. En estos años han recrudecido las actitudes y los discursos racistas en el país a pretexto de enfrentar movilizaciones populares. Debemos combatirlas con fuerza y sin contemplaciones. Por diversas que sean las universidades entre si, todas deben formar un gran frente de acción anti racista, si quieren seguir existiendo con decoro como sedes de la razón.